CIUDAD DE MÉXICO, 1 Nov. (Reuters/EP) -
El estado mexicano de Puebla ha aprobado este martes reglas más estrictas para las empresas de servicios de transporte privado, tras los asesinatos de dos estudiantes en los que estuvieron involucrados conductores de las firmas Cabify y Uber.
Diputados locales han avalado los cambios a la ley de transporte estatal que prohíben los pagos en efectivo por los servicios que cobran esas populares plataformas y los obligan a habilitar botones de pánico, como respuesta a los crímenes, que causaron indignación en el país.
Bajo las nuevas normativas, los conductores de las aplicaciones tendrán que aprobar exámenes toxicológicos y presentar constancia de no tener antecedentes penales, al tiempo que se permite que las autoridades puedan acceder a sus sistemas de geolocalización, en caso de necesitarlo.
"La reforma tiene un perfil de seguridad, lo que se busca es privilegiar la tranquilidad y la seguridad de los usuarios", ha explicado el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar.
En el primer crimen ocurrido a principios de septiembre, el sospechoso de asesinar a Mara Fernanda Castilla, una estudiante de 19 años, era un antiguo conductor de Uber que trabajaba para Cabify.
En otro caso ocurrido a fines del mismo mes, un conductor de Uber fue arrestado por la muerte de otra estudiante, Mariana Fuentes, aunque no se encontraba trabajando para la empresa cuando ocurrió el crimen.
La estadounidense Uber criticó el proyecto cuando aún se discutía en el Congreso, diciendo que era discriminatorio y violaba la privacidad de usuarios y conductores. La empresa ha declinado emitir declaraciones sobre la nueva regulación.
El estado de Puebla suspendió a mediados de septiembre la licencia para operar de la española Cabify, que también ha declinado ofrecer declaraciones.
En el 2015, la Ciudad de México se convirtió en la primera urbe de América Latina en regular las aplicaciones de servicio de transporte privado. Un año después, un conductor de Uber en la ciudad fue detenido acusado de violar a una pasajera.
Este mismo martes, el Senado de Brasil ha aprobado un proyecto de ley que regula estas aplicaciones de transporte privado, aunque ha eliminado algunas cláusulas que asfixiarían el aún emergente negocio.