MÉXICO DF, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Corte Suprema de Justicia de México ha determinado el cambio de la jurisdicción militar a la civil de los juicios celebrados contra militares por las violaciones de Derechos Humanos cometidas en el marco de su lucha contra el crimen organizado.
Los magistrados del alto tribunal han decidido por unanimidad, aunque con los votos particulares de tres de ellos, respaldar la doctrina del conocido como caso Radilla, según la cual "frente a situaciones que vulneren los Derechos Humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar".
En última instancia, la Corte Suprema de Justicia asumirá los casos en que haya un conflicto de competencias entre los tribunales castrenses y los civiles o entre los estatales y los federales, según informa el diario 'El Universal'.
Esta resolución obedece a la revisión de la sentencia del caso por la desaparición forzosa del activista Rosendo Radilla, ocurrida en el estado de Guerrero en 1974, de la que se responsabilizó al Ejército. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado a las autoridades mexicanas reformar la administración de justicia militar en base a esta revisión.
Antes de la votación, el magistrado Arturo Zaldívar había instado a sus colegas a emitir una resolución contundente para no dar lugar a una "situación inconsistente". "Este criterio dará certeza, claridad y directrices de cómo deben interpretar los tribunales a partir de ahora", dijo.
Por su parte, otros magistrados matizaron que a pesar de las obligaciones impuestas por la CIDH, su cumplimiento no compete exclusivamente al Poder Judicial mexicano, sino también al Legislativo y al Ejecutivo, que deberán dar forma a esta resolución.
A su llegada a la Presidencia, Felipe Calderón ordenó el despliegue de miles de uniformados --entre policías y militares-- por todo el territorio para expulsar a las organizaciones criminales, especialmente a los cárteles de la droga. Como consecuencia de esta lucha, más de 40.000 personas han muerto.