MÉXICO DF, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones de Derechos Humanos solicitaron este miércoles la intervención de Amnistía Internacional (AI) y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para proteger a la comunidad homosexual que, pese a la reciente aprobación de los matrimonios entre personas del mismo género en la capital, ha visto mermados sus derechos por comportamientos homófobos.
El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, señala que para acabar con las prácticas homófobas, es necesario hacer cambios legislativos que impliquen una sanción para quien discrimina.
En la misma línea, la organización civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos señala que "en México, aunque formalmente existe plena libertad para que las personas expresen su identidad de género o sus afectos con personas del mismo sexo --al no haber norma alguna que criminalice ni la orientación o preferencia sexual, ni la identidad o expresión de género--, a menudo se presentan agresiones sistemáticas contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales".
Un informe de dicha organización, enviado a Naciones Unidas, indica que la homofobia se manifiesta a través de los crímenes contra la comunidad homosexual y transexual que permanecen ocultos como homicidios simples o calificados como pasionales sin que la discriminación sea considerada como un elemento en la investigación.
"Los crímenes de odio por preferencia u orientación sexual y por expresión o identidad de género son la cara más brutal de la discriminación que viven día con día las personas perteneciente a la comunidad lésbico, gay, transexual y bisexual", reza el documento.
La última medición sobre agresiones contra homosexuales que se hizo en México, elaborada por la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH), revela que entre 1995 y 2003 murieron asesinadas 464 personas pertenecientes a este colectivo.
Otro estudio realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana revela que el 30 por ciento de las personas homosexuales entrevistadas, ha sufrido discriminación por parte de la Policía mexicana, mientras que el 20 por ciento ha sido víctima de acoso por parte de otros elementos de la fuerza pública.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas que elaboró la Secretaría de Gobernación en 2001 indica que cerca del 66 por ciento de los mexicanos no compartiría casa con un homosexual y que el 71 por ciento no acepta o apoya la promulgación de derechos específicos para este sector de la población.
EL CASO DEL PROFESOR ESTRADA
Uno de los casos más conocidos de agresiones contra homosexuales es el de Agustín Estrada Negrete, profesor de educación especial, que desde que reconoció en 2007 su condición sexual y se convirtió en un activista por la defensa de los derechos de este colectivo ha perdido su trabajo y ha sido víctima de vejaciones.
En 1996 el profesor inició su andadura en el activismo social organizando marchas de protesta por el incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, exigiendo la apertura de más escuelas de educación especial y la inclusión en la vida laboral de las personas discapacitadas.
En 2007, tras dar a conocer su condición sexual y abrazar abiertamente la lucha contra la homofobia, los padres de los alumnos de la escuela donde trabajaba y los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del Estado de México presentaron una queja administrativa para exigir la destitución del profesor, argumentando que era "un mal ejemplo" para la comunidad estudiantil al "ir vestido de mujer en la vía pública".
En febrero de 2008 se le retiró la licencia para ejercer como docente con una firma falsificada, según afirma Estrada, que finalmente fue revocada. La vuelta al centro del profesor provocó graves enfrentamientos que tuvieron que ser reprimidos por la Policía local.
Tras este episodio se tramitaron 18 órdenes de detención en su contra por ocupación ilegal del inmueble. Una de ella logró prosperar y provocó el traslado del docente al Centro de Readaptación Social de Ciudad Cuauhtémoc.
La salida del centro de readaptación supuso su ingreso en la cárcel de Almoloya, donde fue violado por los internos, tras una estancia de apenas un día. A esas dos detenciones, se sumaron las amenazas a la puerta de su domicilio, las pancartas que exigen su dimisión y las llamadas telefónicas que le advierten del riesgo que corre su vida si regresa a la escuela.
En este contexto, la asociación Asistencia Legal por los Derechos Humanos solicitó la intervención de la ONU, de la CIDH y de AI para que exijan al Estado mexicano el cumplimiento de sus compromisos internacionales, la prevención de la discriminación y la protección de la vida de Agustín Estrada.