BOGOTÁ, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Colombia han escrito una carta conjunta en la que piden a la senadora Paloma Valencia, representante de Centro Democrático, el partido político fundado por el ex presidente Álvaro Uribe, que apoye la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para dar "seguridad jurídica" a los miles de uniformados que responderán ante la justicia transicional ideada en el acuerdo de paz con las FARC.
"Le hacemos un llamado respetuoso para culminar en esta legislatura el trámite del proyecto de ley que reglamenta el procedimiento ante la JEP", han indicado los representantes de la Fuerza Pública en una misiva publicada horas antes de que el Senado vote esta cuestión.
Han esgrimido que "los más de 2.000 militares y policías (...) que se han sometido a la JEP requieren hoy más que nunca que sus procesos se ventilen sin dilación alguna". Y, para ello, "necesitamos con urgencia contar con el fundamento jurídico de los procedimientos que han de observarse en la línea procesal (...) porque es indispensable para blindar la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública en el ámbito nacional e internacional", han dicho.
Los cuerpos de seguridad han recordado que en el tiempo que ha transcurrido desde la firma del acuerdo de paz en 2016 se han incluido "aspectos" en las normas de desarrollo de la JEP "para dotar de seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública que se acojan a ella", algo que han calificado de "verdaderas conquistas".
"Ya ha sido incorporada la inmensa mayoría de sus propuestas, sin perjuicio de que en próximas legislaturas se realicen modificaciones para hacer este procedimiento aún más garantista para los miembros de la Fuerza Pública", han considerado.
La JEP es la justicia transicional recogida en el acuerdo de paz. Su tarea es juzgar los crímenes más graves cometidos por todos los actores del conflicto armado --tanto guerrilleros como agentes del Estado-- con un régimen de sanciones más benévolo que permite esquivar la cárcel con una confesión.
Las leyes que crean la JEP y su reglamento ya han sido aprobadas en el Congreso de Colombia y el tribunal de paz está en marcha desde el pasado 15 de marzo. Sin embargo, los legisladores aún deben aprobar la ley de procedimiento, esto es, las normas de funcionamiento interno.
Estaba previsto que el Congreso votara la ley de procedimiento de la JEP la semana pasada, tal y como había solicitado el Gobierno de Juan Manuel Santos con carácter de urgencia, para que quedara aprobada antes de que tome posesión la Administración de Iván Duque el próximo 7 de agosto.
La Cámara de Representantes y el Senado, cuyos actuales miembros, que ocupan el escaño de forma interina a la espera de que se produzca la renovación votada en los comicios del 11 de marzo, se han alineado con la nueva mayoría que ha catapultado a Duque a la Casa de Nariño, suspendiendo los trámites a petición del presidente electo.
Duque y sus aliados esgrimen que la Corte Constitucional, que dio luz verde a la ley de la JEP, aún debe pronunciarse sobre el reglamento de la justicia transicional y que hasta que no lo haga carece de sentido aprobar una ley de procedimiento que depende de dicho reglamento.