MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR) de Nicaragua pide a España que presione a su país para que destine al menos una parte de los fondos que recibe de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) a favorecer a las mujeres que no tienen acceso a la propiedad de la tierra, que son más del 80% de las que actualmente la están cultivando.
En una entrevista con Europa Press, la presidenta de esta organización, María Teresa Fernández, ha explicado que "España sigue apoyando con cooperación al Estado de Nicaragua para desarrollo rural" --es el programa ProRural, financiado por la AECID--, pero debería "usar su influencia" para que el receptor rinda cuentas del empleo de esos fondos en beneficio de los derechos de las mujeres que trabajan en el campo.
"Ellas no tienen tierras y eso significa que están muy limitadas y en una situación económica muy difícil, que genera problemas de hambre y desnutrición en el país", ha destacado Fernández, que se encuentra de visita en España invitada a la feria anual de la Federación Española de Mujeres Rurales (FEMUR) que se celebra en Segovia.
En este sentido, insta a España a actuar para que Nicaragua cumpla su propia legislación en la materia y dote el Fondo para Mujeres Rurales que creó por ley en 2010 aunque que a día de hoy sigue vacío, y que está pensado para financiar con créditos blandos la compra de tierra por parte de las mujeres, especialmente ahora que el suelo se ha encarecido por la entrada en el país de grandes productores internacionales, convirtiéndose en inaccesible para las agricultoras.
"Las mujeres, tras ser productoras, se acaban convirtiendo en obreros de los monocultivos de los grandes productores extranjeros, que vienen y pagan 200 dólares de alquiler de la tierra, expulsando a las mujeres de la posibilidad de equiparar el precio y cultivarla. Esto genera hambre y malnutrición en todo el país", ha denunciado.
Aunque en Nicaragua hay ya leyes que reconocen el derecho de las mujeres a ostentar una titularidad agraria, no se cumplen de facto, por lo que en general, ellas son o trabajadoras de la explotación o arrendatarias de la misma a cambio de un elevado porcentaje de la cosecha que consigan, haciendo así imposible que salgan de la pobreza.
Fernández, que está involucrada en la campaña CRECE de Intermón Oxfam, centrada en proponer soluciones "a la paradoja de que exista hambre en un mundo que produce alimentos para todos", recuerda que en Nicaragua 1,1 millones de personas pasan hambre y, de ellas, más de la mitad son mujeres rurales y niñas menores de cinco años, asunto que se solucionaría si ellas, que trabajan la tierra, tuvieran también su titularidad y ayudas para cultivarla de forma eficiente.
Por eso, la organización está reclamando al Gobierno de Nicaragua que destine el 0,06 por ciento del presupuesto general del próximo ejercicio (en torno a un millón de euros) a que 300 mujeres de 3 departamentos puedan acceder a una superficie cultivable y explotarla con medios eficientes para que, "a modo de proyecto piloto", pueda medir el impacto tan positivo que tendrá su trabajo en las comunidades en las que lo desarrollen y "compruebe por sí mismo" el alcance que tendría dotar el fondo.
Este es el mensaje que Fernández ha trasladado a la diputada socialista Mariví Monteseirín, con la que, según ha dicho, se ha reunido esta semana, con la esperanza de que "promueva esta causa en la Unión interparlamentaria Mundial" a fin de lograr resoluciones "encaminadas a que las mujeres rurales puedan tener la titularidad de la tierra".