Condena el asesinato del activista Nacilio Macario y pide una investigación
MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La relatora especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos Mary Lawlor ha instado este lunes al Gobierno de Nicaragua a "garantizar" un entorno "seguro y favorable" para las personas que se dedican a defender el medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas en el país centroamericano, después del asesinato del activista Nacilio Macario.
Lawlor, que ha condenado la muerte de Macario, que tuvo lugar en la región autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, ha pedido al Gobierno nicaragüense investigar su asesinato y llevar a los responsables ante la justicia.
Macario, que pertenecía al pueblo indígena Mayangna, trabajaba contra la extracción ilegal de oro y la tala ilegal de árboles en su comunidad. Se cree que fue asesinado por colonos el 14 de noviembre de 2020, cuando transportaba agua y alimentos a miembros de las comunidades cercanas que protegían sus tierras.
"Esta vez fue el señor Macario quien defendió su tierra contra la explotación ilegal de personas asociadas a la industria extractiva, pero si los responsables no son debidamente investigados y llevados ante la Justicia, estos asesinatos seguirán llevándose a cabo con impunidad", ha lamentado Lawlor en un comunicado.
Asimismo, la experta en Derechos Humanos ha destacado que estos ataques se han registrado en un contexto de crisis sociopolítica y de Derechos Humanos que se agravó con una serie de protestas contra el Gobierno en 2018 y que "las leyes aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional restringirían aún más el espacio cívico y democrático".
Por ello, Lawlor ha reiterado la recomendación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y ha pedido al Ejecutivo de Nicaragua "que garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación".
De forma paralela, ha reclamado que "condene y sancione públicamente cualquier ataque o acto de intimidación contra personas defensoras de los Derechos Humanos y líderes comunitarios, entre otros".