Actualizado 05/06/2013 06:37 CET

HRW insta a los países de la OEA a despenalizar el consumo de droga y revisar su "guerra contra las drogas"

Argumenta que ambas medidas han causado graves violaciones de los Derechos Humanos en toda la región

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Human Rights Watch (HRW) ha instado a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), con motivo de la cumbre que se celebra entre el 4 y el 6 de junio en Guatemala, a despenalizar el consumo de droga y ha revisar su "guerra contra las drogas" porque han causado graves violaciones de los Derechos Humanos.

La ONG estadounidense ha indicado que "las políticas nacionales sobre control de drogas que prevén sanciones penales para el consumo personal atentan contra Derechos Humanos fundamentales, como los derechos a la autonomía y a la privacidad de las personas, que se encuentra ampliamente reconocido en el Derecho Internacional".

"Las restricciones a la autonomía y la privacidad no son justificables, a menos que reúnan los siguientes criterios que se exigen para la limitación de derechos fundamentales: finalidad legítima, proporcionalidad, necesidad y no discriminación", ha explicado.

A este respecto, ha señalado que, "si bien proteger la salud es un objetivo gubernamental legítimo, criminalizar el consumo de drogas para evitar que las personas se provoquen un daño a sí mismas no cumple con los criterios de necesidad ni proporcionalidad".

HRW ha argumentado que, de acuerdo con sus investigaciones en distintos países, "la criminalización del consumo de drogas ha operado en detrimento del derecho a la salud" porque "el temor a ser objeto de sanciones penales disuade a quienes consumen drogas de utilizar servicios de salud e incrementa el riesgo de que se expongan a actos de violencia".

También ha sostenido que "las prohibiciones penales han obstaculizado el uso de drogas con fines legítimos de investigación médica, y no han permitido que pacientes accedan a drogas para cuidados paliativos y tratamiento del dolor".

"Los gobiernos pueden recurrir a muchas alternativas que no tengan carácter penal para reducir el perjuicio sufrido por quienes consumen drogas, por ejemplo, ofrecer tratamiento en casos de abuso de sustancias nocivas y brindar asistencia social", ha considerado.

En cuanto a la protección a terceros, ha considerado que "también es un interés legítimo de los gobiernos", pero ha apuntado que la fórmula idónea para ello es "imponer sanciones penales proporcionadas ante conductas que se produzcan conjuntamente con el consumo de drogas, cuando tales actos provoquen un perjuicio a terceros".

Con respecto al consumo de drogas por menores de edad, ha señalado que "los gobiernos tienen la obligación de adoptar medidas adecuadas de índole legislativa, administrativa, social y educativa para protegerlos", pero que "no deberían imponer sanciones penales por consumo o tenencia de drogas para uso personal".

"GUERRA CONTRA LAS DROGAS"

Por otro lado, ha instado a los países de la OEA a "adoptar medidas para reducir las graves consecuencias para los Derechos Humanos de las políticas actuales sobre producción y distribución de drogas" porque su aplicación ha causado violaciones graves, que en algunos casos han tenido carácter generalizado y sistemático".

"La guerra contra las drogas ha tenido efectos nefastos en las Américas, que incluyen desde matanzas perpetradas por despiadadas organizaciones de narcotráfico hasta abusos aberrantes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad que las combaten", ha dicho el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.

En concreto, ha mencionado el caso de México, donde más de 70.000 personas murieron en hechos violentos vinculados al narcotráfico durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que puso en marcha la "guerra contra el narcotráfico".

"Los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, durante este periodo, se incrementaron drásticamente. HRW documentó más de 150 casos en los que las evidencias indican que militares y policías habrían participado en desapariciones forzadas", ha detallado.

En Colombia, la ONG estadounidense "ha documentado que durante décadas grupos armados que han recibido una fuerte financiación del narcotráfico han cometido abusos de forma generalizada, incluidas masacres, torturas, violencia sexual y desplazamiento forzado".

"Los paramilitares y otras organizaciones dedicadas al narcotráfico también han contribuido a debilitar el Estado de Derecho en Colombia a través de la corrupción generalizada y de la intimidación a las autoridades públicas", ha añadido.

En el caso brasileño, ha denunciado que "policías de Río de Janeiro y Sao Paulo, en respuesta a la violencia ejercida por pandillas de narcotraficantes fuertemente armadas, han participado en las denominadas 'muertes por resistencia'", ejecuciones extrajudiciales que presentan como actos en defensa propia.

En Estados Unidos, HRW ha documentado "ejemplos injustificados de disparidad racial en la aplicación de las leyes sobre drogas, lo cual vulnera garantías fundamentales de Derechos Humanos. "La imposición de penas claramente desproporcionadas en delitos vinculados a las drogas ha tenido consecuencias negativas", ha sostenido.

Además, ha advertido de que "la penalización de la producción y distribución de drogas ha incrementado la rentabilidad del narcotráfico", lo que "a su vez ha propiciado el crecimiento de organizaciones criminales que cometen atrocidades".

La organización humanitaria ha recomendado "reformar las prácticas de las fuerzas de seguridad relativas a la aplicación de la ley y evaluar alternativas de reglamentación legal que reduzcan el poder que ejercen actualmente violentas organizaciones delictivas" para evitar todos estos abusos.

CONVENCIONES INTERNACIONALES

En este contexto, ha urgido a "interpretar y reformar las convenciones internacionales sobre drogas para asegurar que como consecuencia de ellas los gobiernos no se vean impedidos ni desistan de adoptar políticas que puedan permitirles reducir las consecuencias negativas de las políticas actuales".

"En vista de la violencia y los abusos asociados con las políticas actuales sobre drogas, resulta crucial que no se limite la posibilidad de los gobiernos de explorar nuevas estrategias en esta materia", ha considerado Vivanco.

Si bien, HRW ha reconocido que "la reforma de las estrategias vigentes sobre control de drogas podría suscitar cuestionamientos legítimos vinculados con el costo no deseado de esta decisión, tanto social como para la salud".

Frente a esto, ha propuesto que "los gobiernos implementen las reformas necesarias basándose en evidencias que demuestren cuáles son los mecanismos efectivos para reducir el daño que el uso y el control de drogas pueden provocar a terceros".