Actualizado 23/09/2010 10:26

La ONU condena el asesinato de un líder campesino en Colombia


BOGOTÁ, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia ha condenado el reciente asesinato del líder campesino Hernando Pérez y solicitó al Gobierno colombiano que garantice la protección de las comunidades que reclaman la devolución de sus tierras.

Hernando Pérez, quien abogaba por la restitución de las tierras arrebatadas por los escuadrones paramilitares de ultraderecha en el noroeste de Colombia, murió asesinado el pasado domingo, 19 de septiembre, en la vereda de La Ceibita, en el departamento de Antioquía.

"Este crimen se suma a una serie de asesinatos, atentados y amenazas contra los líderes y las comunidades que están luchando por la devolución de sus tierras", dijo Christian Salazar, representante de la OACNUDH. "Es urgente que el Gobierno tome medidas especiales de protección para prevenir la violencia contra los beneficiarios de los procesos de restitución de tierras", añadió Salazar en un comunicado.

El mismo día de su muerte, Pérez participó en la ceremonia oficial de entrega de 34 títulos de propiedad a víctimas despojadas de sus tierras por el antiguo grupo paramilitar 'Bloque Bananero'. Un evento celebrado en el municipio de Turbo que estuvo presidido por el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, y que forma parte de la política del actual Gobierno de restituir las tierras usurpadas por grupos armados ilegales.

Hernando Pérez lideraba el proceso de restitución de tierras a 25 familias de La Ceibita, que hacen parte de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi).

"Este asesinato no es un hecho aislado ni se circunscribe al Urabá Antioqueño, sino que forma parte de un patrón de homicidios, atentados y amenazas de muerte contra líderes y familias que participan en procesos similares, como los asesinatos en mayo de 2010 de Rogelio Martínez, en San Onofre (Sucre), y de Alexander Quintero, en Santander de Quilichao (Cauca)", añade la OACNUDH en el comunicado.

Por ello, la Oficina de Naciones Unida insta a la Fiscalía General de Colombia a que los responsables del asesinato sean juzgados y sancionados oportunamente.

La población campesina ha sido víctima de saqueos y apropiaciones de tierras cometidos por los diferentes actores armados implicados en las cuatro décadas de conflicto en Colombia.

La violencia contra defensores de Derechos Humanos y líderes sindicales, campesinos e indígenas es uno de los principales argumentos esgrimidos por el Partido Demócrata de Estados Unidos para mantener sin ratificar el Tratado de Libre Comercio firmado hace años entre los Gobiernos de los ex presidentes George W. Bush y Álvaro Uribe.

Aunque más de 31.000 paramilitares se desmovilizaron y depusieron las armas en el marco del acuerdo de paz promovido por Uribe, cientos de ellos han regresado a la ilegalidad como integrantes de grupos armados al servicio del narcotráfico.