MADRID, 25 Mar. (Notimérica/Colprensa) -
La Corte Constitucional de Colombia emitió este martes una sentencia histórica sobre la grave situación humanitaria del sistema carcelario del país, y ordenó una serie de medidas urgentes al Gobierno Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los presos.
La decisión de la Corte ordena de forma inmediata que se conforme una "brigada jurídica" para que en tres meses se entreguen "la mayor cantidad de solicitudes de libertad que, según el orden jurídico, deban ser reconocidas". La petición está referida a las prisiones de Bogotá, Cúcuta, la cárcel Tramacúa de Valledupar, Barrancabermeja, San Isidro Popayán y Bellavista en Medellín.
Estas órdenes se respaldan tras la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional en materia carcelaria. En derecho, esto hace referencia al conjunto de hechos o acciones que violan los derechos fundamentales, procedentes de autoridades públicas o de problemas estructurales de organización y funcionamiento del Estado.
La Corte colombiana afirmó que "hay una ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias que se requieren con urgencia; la solución de los problemas estructurales comprometen la intervención de varias entidades y, si todas las personas privadas de libertad presentaran tutelas, el sistema se congestionaría aún más de lo que está ocurriendo".
Las medidas ordenadas para las prisiones, que deberán ser implementadas en 48 horas, son el ajuste de los horarios de comida "al común de la sociedad"; cubrir en cantidad y frecuencia el agua potable necesaria para los presos; la buena conservación y preparación de la comida; el acondicionamiento del sistema sanitario y de las tuberías de desagüe y baños; la disponibilidad continúa de servicio sanitario, con medicinas y personal suficiente; y la dotación de un colchón, sábana y almohada para todos los presos que no tengan una celda.
Además, la Corte ordena al Ministerio de Hacienda tomar las medidas necesarias para adecuar los recursos a las órdenes anunciadas.
"Si en tres años no se han adoptado las decisiones adecuadas y necesarias para que los establecimientos carcelarios dejen de ser, en su diseño y funcionamiento, contrarios a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, estos deberán ser cerrados hasta que se aseguren condiciones de reclusión respetuosas de la dignidad y de los derechos", agregó la sentencia.
Por último, se ha determinado la presentación de un informe en dos meses sobre el cumplimiento de las órdenes de aplicación inmediata, al que seguirá otro en un periodo de dos años, en relación a las órdenes complejas. Este proceso estará respaldado por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.