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MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha liberado este sábado el barco norcoreano que desde el pasado 16 de julio estaba retenido por introducir ilegalmente al país centroamericano armas cubanas, después de pagar la multa correspondiente.
"Recibido el pago, y en estricto cumplimiento con sus procesos, la ACP ha autorizado la salida de la nave, por lo que sus representantes pueden disponer de ella de inmediato", ha anunciado a través de un comunicado.
La ACP ha informado de que los representantes del 'Chong Chon Gang' han pagado hoy la multa de 693.333 dólares que le impusieron las autoridades panameñas por infringir las normas de navegación de esta vía interoceánica.
No obstante, la ACP ha aclarado que, con el pago de esta multa, el barco norcoreano "no queda liberado de otras posibles faltas fuera de la jurisdicción del Canal de Panamá", según ha informado el diario panameño 'La Prensa'.
El pasado 31 de enero, la Fiscalía ya ordenó liberar a 32 de los 35 tripulantes al considerar que no conocían el cargamento. Los tres restantes se enfrentarán a un proceso judicial en Panamá por tráfico de armas.
EL CASO
El pasado 16 de julio, las autoridades panameñas interceptaron el 'Chong Chon Gang' cerca de la entrada atlántica del Canal de Panamá, cuando se dirigía desde La Habana a Pyongyang, tras recibir un aviso de que transportaba drogas.
Al registrar la embarcación, descubrieron que llevaba 240 toneladas de armamento obsoleto --dos misiles antiaéreos Volga y Pechora, nueve cohetes por piezas, dos aviones MIG-21 Bis y 15 motores de este modelo-- para ser reparado en Pyongyang y devuelto a La Habana, además de 10.000 toneladas de azúcar.
Naciones Unidas ha determinado que este caso constituye una violación de las sanciones impuestas a Corea del Norte, que le prohíben exportar e importar determinados bienes y productos, incluido armamento, para impedir que puedan ser utilizados en sus programas nuclear y de misiles balísticos.
El régimen comunista solicitó a Panamá resolver este asunto "de forma diplomática", pero el Gobierno de Ricardo Martinelli se negó, insistiendo en vincular el caso al dictamen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.