ROMA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El destituido cardenal Angelo Becciu, acusado por la fiscalía del Vaticano de malversación de fondos y extorsión, ha recibido un permiso directo del Papa para romper el secreto pontificio y poder defender su posición el próximo jueves en el juicio por la compra irregular de un inmueble en Londres, que acarreará unas pérdidas de 217 millones de euros en el pequeño Estado.
El equipo legal de Becciu había presentado objeciones al tribunal para declarar sobre la contratación de Cecilia Marogna que -según las investigaciones- recibió hasta 500.000 euros de los fondos de la Secretaría de Estado gestionados por Becciu entre 2011 y 2018, cuando era el sustituto encargado de ese organismo que hace las funciones de gabinete del primer ministro.
Marogna --titular de una sociedad con sede fiscal en Eslovenia que se ocupa de misiones humanitarias en África y Asia-- ha defendido ante la prensa italiana que "con el dinero recibido gracias a la intervención de Becciu orquestó la instalación de una red de diplomacia paralela a la que tiene desplegada la Santa Sede con nunciaturas por todo el mundo en los países del norte de África y Oriente Medio".
La 'dama del cardenal', como la han bautizado los periódicos italianos, se ha defendido de las acusaciones asegurando que ejercía un trabajo como mediadora, sobre todo, en casos de religiosos secuestrados. Sin embargo, las investigaciones han revelado que los fondos de la Secretaria de Estado --a los que Becciu tenía acceso ilimitado y de los que hacía uso sin responder ante nadie-- fueron usados por la mujer para comprar bolsos, zapatos y hasta un sofá de piel, además de otros artículos de lujo de marcas como Prada, Tod's o Chanel.
Marogna alegó que los objetos de lujo fueron usados como regalos en viajes diplomáticos y otros gastos de representación. Entre los documentos que fueron filtrados por los medios italianos hay una carta en la que Becciu muestra una 'profunda estima' y 'confianza' en Marogna.
Se trata de la segunda mujer laica procesada por el Vaticano. La italiana Francesca Immacolata Chaouqui, que fue consultora para la reforma económica y organizativa del Vaticano y formó parte, junto al sacerdote español Ángel Vallejo Balda de la comisión creada por el Papa Francisco para conocer la situación económica de la Santa Sede, fue imputada en el denominado caso Vatileaks II.
El próximo 7 de abril, el destituido cardenal italiano deberá responder ante el interrogatorio del fiscal y del tribunal sobre su papel en el supuesto uso fraudulento de fondos de la Secretaría de Estado. El ex prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, a quien el Papa cesó de su cargo en septiembre de 2020 en un gesto insólito en el que le fueron también cancelados sus "derechos relacionados con el cardenalato" deberá explicar en sede judicial su implicación en el escándalo financiero de Londres, es decir la compra opaca de un lujoso edificio en Londres, en Sloane Avenue, con operaciones irregulares que incluyen malversación de fondos del Vaticano, según las investigaciones.