La familia sospecha que pudo ser agredido en la residencia y llevó el caso a los tribunales
MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se investigue la presunta muerte violenta el pasado mayo de un joven de 28 años peruano autista en una residencia para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Así consta en un auto fechado el 14 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado por 'El Mundo', en el que los magistrados de la Sección 17 estiman el recurso de apelación presentado por la familia a través del despacho Ospina Abogados contra la decisión del juez de instancia, el de Instrucción número 45 de Madrid, de archivar el caso.
Así, acuerda la Sala revocar la resolución y remitir "las actuaciones al Juzgado de origen para su conocimiento y ejecución". Lo hace dado que cuando se produjo el archivo "la instructora no disponía aún del informe policial sobre los hechos", pero en el momento de resolver el previo recurso de reforma, sí".
El chico, que sufría un 92% de discapacidad intelectual, llevaba nueve años ingresado en una residencia para personas con discapacidad. La familia recibió el pasado 14 de mayo a las diez de la noche una llamada de la residencia donde tenían ingresado al menor en la que les dijeron que "el pequeño había sufrido un ataque respiratorio pero que no se preocupasen porque ya estaba en camino al hospital".
El menor ingresó en el hospital a las 00.00 horas pero ya había perdido la vida. Presentaba hematomas en todo el cuerpo y un fuerte golpe en la cabeza. Desde la residencia les manifestaron que su hijo se autolesionaba.
El mismo día del fallecimiento alguien de la residencia llamó a la madre del menor y le informó que "había sufrido una agresión, habiendo sido golpeado en la cabeza y en el tórax y que por eso había muerto, que tenía que denunciar los hechos para no que no quedara impune el asesinato".
HEMATOMAS EN CABEZA Y CUELLO
Según su letrado, la familia se encargó de conseguir todos los partes médicos en los que constaba que el menor tenía hematomas en cabeza y cuello, siendo "la verdadera razón de su muerte una parálisis cerebral".
La sección de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial fue el órgano encargado de realizar las pesquisas urgentes de investigación, trasladándose a la residencia y tomándole declaración a todo el personal. Se solicitó entonces las cámaras de videovigilancia sin que las mismas fuesen aportadas correctamente, y consiguiente el historial clínico del menor fallecido.
Tras la práctica de las oportunas pesquisas, la Policía remitió su atestado al juzgado de instrucción, donde prestó declaración al personal sanitario de la residencia. Los facultativos manifestaron que el menor se golpeaba solo y que por eso tenía hematomas, pero que ninguno de ellos manifestó tener conocimiento sobre hechos delictivos.
Pese a que la madre negara que su hijo se autoninflingiera y que la Policía hubiese intuido que el fallecimiento pudo haber sido provocado por alguno o algunos de los cuidadores del menor, el juzgado de instrucción decidió archivar el caso por entender que no había autor conocido y que los indicios de criminalidad no eran suficientes para continuar la investigación.
La familia contrató al despacho penalista Ospina Abogados para que representara sus derechos como acusación particular. Recurrieron el auto de archivo alegando la existencia de "indicios de muerte violenta, posible complicidad entre los autores del delito e incluso posible asesinato".
Tras ello, la Audiencia estimó el recurso y ordenó al juez instructor continuar con la investigación del caso para el esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, para hacerse de las videograbaciones del interior de la residencia y conocer quién el último facultativo que entró en la habitación del fallecido.
El letrado Juan Gonzalo Ospina ha subrayado que confía "en la correcta administración de justicia y entiende que la Policía Judicial realizará un excelente trabajo para poder esclarecer los hechos y determinar quién fue la última persona que vio con vida al fallecido y que sería el principal sospechoso de su fallecimiento".
A su vez, el letrado ha lamentado que son "muy pocos los casos de esta naturaleza que salen a la luz debido a la dificultad de demostrar la autoría directa de los hechos e incluso debido al encubrimiento que realizan los propios facultativos de los centros y residencias".
Según el letrado, la atención en las residencias se desató en Madrid tras la pandemia "al conocerse que el 80% de los fallecidos en marzo en una residencia ni siquiera fueron trasladados a un centro hospitalario, sin que fuera el covid la única razon de los decesos".