Actualizado 13/11/2013 15:01

Las políticas de mano dura "perjudican" la violencia en América Latina

Violencia en Honduras
Foto: REUTERS

NUEVA YORK, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Las políticas de "mano dura" perjudican la situación de violencia que se vive en América Latina donde la inseguridad ciudadana, la violencia y el delito aumentan pese a los avances económicos y sociales que la región ha reportado durante la última década.

   Así lo ha asegurado el director del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz, quien incluye entre las causas del aumento de la inseguridad ciudadana los cambios en la estructura familiar, las deficiencias en el sistema escolar, el porte de armas de fuego, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas.

   Un informe regional del PNUD presentado este martes, destaca que la tendencia al incremento de la violencia en América Latina frena el desarrollo y que el incremento de las expectativas de consumo y relativa falta de movilidad social han impulsado el denominado "delito aspiracional", entendido éste como el robo de aparatos tecnológicos y productos de marcas reconocidas.

   El texto recalca que la región sigue siendo la más desigual e insegura del mundo, con más de 100.000 homicidios al año.

   "No hay una solución mágica, no hay una respuesta única, no hay una bala de plata para resolver el problema de la inseguridad, y cuando se adoptan políticas de mano dura, lo único que hacen es perjudicar la situación de violencia y a veces crear espirales de violencia, porque cuando se declara la guerra a la delincuencia, la delincuencia responde con las mismas armas", ha aseverado Muñoz.

   El estudio señala a los jóvenes, principalmente los hombres, como las principales víctimas de la criminalidad y la violencia.

   El informe subraya que los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana deben de tener en cuenta las necesidades y demandas específicas de los jóvenes y las mujeres y recomienda a los gobiernos la adopción de un acuerdo nacional por la seguridad ciudadana como política de Estado, así como la generación de políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito.