'Los Porkys': se reabre el caso de pederastia más famoso de México tras la destitución del juez por corrupción

Publicado 21/02/2019 22:31:13CET
TWITTER / @SINEMBARGOMX

   CIUDAD DE MÉXICO, 21 Feb. (Notimérica) -

   Los 'Porkys', cuatro jóvenes mexicanos hijos de familias adineradas e influyentes, continúan elevando el tono en el país azteca por la impunidad legal que impera en los círculos más altos de la esfera social mexicana. Tras ser acusados en mayo de 2015 de abuso sexual y violación por una joven entonces menor de edad, Daphne Fernández, las irregularidades y el escandaloso retraso en la resolución judicial del caso irritan cada día más a los mexicanos.

   Ahora, la suspensión total del juez que llevó el caso por un delito de corrupción a vuelto a abrir la caja de Pandora, y la ciudadanía mexicana clama justicia. Según un comunicado emitido por el órgano de control judicial, se ha podido apreciar que las decisiones tomadas por el magistrado en la causa podrían haber estado influidas por "intereses particulares o económicos". Según ha indicado el presidente de la Suprema Corte de México, Arturo Zaldívar, a través de su cuenta de Twitter: "No se tolerarán actos de corrupción ni negligencia inexcusable, sobre todo en delitos sexuales contra las mujeres y menores de edad. Demuestro con hechos mi compromiso en la transformación del Poder Judicial de la Federación".

   Antes de que se diera a conocer la destitución de González, él mismo comunicó que se encontraba "impedido" para continuar con la revisión del caso y de las peticiones de amparo de los cuatro acusados ya que, como señala el diario 'El País', ha sufrido un "linchamiento social" que lo ha llevado a estar en una situación "vulnerable".

   Fue el estallido de la población ante la pasividad judicial la que llevó al inicio del caso. Según los testimonio de la víctima, los hechos ocurrieron en enero de 2015: los cuatro amigos --Jorge Cotaita Cabrales, Enrique Capitaine (hijo del exalcalde de Nautla, Felipe Capitaine), Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta--, apodados 'Los Porkys de la Costa de Oro', salieron de fiesta en una exclusiva zona del Puerto de Veracruz.

   En el lugar, y tras pasar un tiempo dentro de uno de los locales, los acusados, que estrenaban el nuevo Mercedes de Capitaine, obligaron a la menor de edad a subirse al coche y a acompañarlos. Todos ellos se conocían por haber asistido al mismo instituto, aunque los cuatro jóvenes --entonces mayores de edad-- ya eran por entonces exalumnos. Una vez dentro del vehículo, dos de los chicos abusaron de ella cuando se encontraban en la parte trasera, y trasladándose después a la casa de uno de ellos, donde Fernández fue violada por Capitaine, según las declaraciones de la joven.

   A partir de ese momento, el estatus social de los acusados ha marcado el recorrido de todo el proceso, o por lo menos eso es uno de los principales reclamos de la sociedad mexicana en torno a los hechos. Si bien la víctima no se atrevió a denunciar el abuso y la violación hasta mayor de 2015, el caso estuvo encarpetado en la Fiscalía estatal un año. Con los acusados en libertad y si ninguna orden de detención contra ellos, la presión social y la movilización pública de la familia de la joven acabó por hacer el caso popular a nivel nacional, propiciando que las instituciones judiciales comenzaran a mover el caso.

   El padre de la víctima, Javier Fernández, hizo públicos a través de las redes sociales una serie de vídeos y audios en los que se escuchaba a los presuntos agresores --sobre los que recae una acusación de pederastia, penada hasta con 30 años de cárcel-- confesar la responsabilidad de los hechos. Con ello acabó de estallar el escándalo y el caso se reabrió. Sin embargo, ante la situación, dos de los cuatro implicados consiguieron salir del país, un hecho que indignó a todos los mexicanos por la facilidad con la que los jóvenes acusados habían podido huir.

   El Gobierno federal, entonces liderado por Enrique Peña Nieto, solicitó a la Interpol que emitiera un orden de búsqueda y captura contra los dos fugados. Mientras, las autoridades mexicanas dieron con Enrique Capitaine, a quien encontraron escondido en Torreón, en el estado de Coahuila, y a quien la víctima señaló desde el principio como el hombre que abusó de ella en el vehículo y posteriormente violó en el domicilio. Posteriormente, se detuvo a Diego Cruz en la ciudad de Madrid, donde se encontraba residiendo en una residencia de estudiantes. Tras varios meses retenido en España, fue extraditado a México para ser juzgado.

   Según Fernández, Cruz le "tocó los senos, le metía sus mano debajo de la falda y le introdujo sus dedos por debajo del calzón y se los introdujo en la vagina" mientras estaban en el coche, pero no violó a la joven, aunque estuvo presente en el momento de la presunta violación. Esto llevó a que el juez del caso, el magistrado Anuar González Hemandi, fallara que Cruz no tenía "intención lasciva" ni intención de "copular", ya que el supuesto agresor no "expresó palabra alguna" sobre ello, considerando que lo sucedido no fue un acto sexual, sino un "roce o frotamiento incidental". Cruz fue absuelto, como ya se había desde el principio con otro de los jóvenes, y quedó en libertad.

   De esta forma, desde mediados de 2017, de los cuatro acusados solo uno permanece detenido por las autoridades, Enrique Capitaine, quien además cuenta con dos amparos a su favor. Gerardo Rodríguez, quien viajaba de copiloto en el coche cuando sucedieron los abusos a Fernández, fue amparado desde el principio ya que el juez consideró que a pesar de estar presente en el momento de los hechos, no fue partícipe de ellos. Por su parte, Jorge Cotaita continúa prófugo y se enfrenta una acusación por pederastia, mientras que Diego Cruz permanece en libertad. Ante la oleada de indignación civil provocada por la sentencia, el órgano de control judicial tomó la decisión de suspender al juez González Hemandi e iniciar una revisión del caso, un proceso que ha culminado esta semana con la destitución del juez González.

Para leer más