Publicado 23/04/2019 11:28

El primer trimestre de este año, el más violento en la historia de México: 8.493 asesinatos

El primer trimestre de este año, el más violento en la historia de México: 8.493 asesinatos
REUTERS / STRINGER . - Archivo

   CIUDAD DE MÉXICO, 23 Abr. (Notimérica) -

   La violencia en México continua siendo uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el país. La cifra de homicidios dolosos no se estanca y el primer trimestre de 2019 ha alcanzado un nuevo récord.

   De acuerdo con el último informe publicado el pasado sábado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México (Sesnsp), entre enero y marzo se han contabilizado un total 8.493 homicidios dolosos -- aquellos en los que el objetivo intencional y final es que la víctima muera--.

   Respecto al año anterior, considerado hasta ahora el más violento de la historia de México, se ha registrado un incremento del 8,9 por ciento. Enero comenzaba con 2.855 muertes y, sin gran fluctuación en la cifra, febrero y marzo registraron 2.802 y 2.836, respectivamente. Asimismo, según detalla el citado informe, la mayoría de los asesinatos fueron ejecutados con arma blanca o arma de fuego.

   Respecto a los estados más sangrientos, Guanajuato lidera este "ranking" con un total de 947 víctimas en lo que va de año, seguido por el Estado de México con 769 y por Jalisco con una suma de 720.

   REPERCUSIÓN

   La consecuencia directa de este desafortunado fenómeno es el aumento de los desplazamientos internos bajo esta causa. Entre 2017 y 2018 un total de 1.133.041 personas han cambiado de domicilio para protegerse de la ola de violencia generalizada que azota al país, según cifras recogidas por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

   Dicho estudio ha sido publicado en el libro 'La violencia como causa del desplazamiento interno forzado' por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh). En sus páginas denuncia la falta de protección hacia las víctimas por parte del Gobierno, así como la ausencia de subvenciones estatales que cubran los gastos ocasionados por los traslados.