BUENOS AIRES, 18 Jul. (Notimérica) -
La concejal 'kirchnerista' Angelina Zapico, que había sido denunciada por regentar varios prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires, ha sido procesada por explotación sexual y la pena podría llegar de cinco a diez años de prisión si fuera condenada.
El pasado mes de abril, la Fundación La Alameda --dirigida por el diputado de la ciudad de Buenos Aires y amigo del Papa Francisco, Gustavo Vera-- presentó una denuncia contra la concejal 'kirchnerista' de San Antonio de Areco, Angelina Zapico.
En la denuncia incluyeron un vídeo en el que probaban que en varios bares de la ciudad de Buenos Aires, cuya propiedad era de la concejal, se ejercía la prostitución, ya que servían de lugar de encuentro entre clientes y prostitutas, las cuales debían pagar una tasa al bar.
Además, La Alameda denunció que existía connivencia con la Policía Federal, que no sólo habría sido consciente de la actividad sin tomar medidas contra ella, sino que incluso habrían protegido la red ilegal.
Después de que el juez Norberto Oyarbide ordenara el cierre de los bares hace un mes y medio, ahora ha decidido procesar a la concejal Zapico, además de a su padre (el creador de la red delictiva), su madre y su hermana, imponiéndoles un embargo de 200.000 pesos (unos 20.000 dólares) y la prohibición de salir del país.
Junto a los miembros de la familia Zapico, fueron procesados los cinco socios de la familia en las distintas empresas dueñas de los locales bajo investigación.
CONFIRMACIÓN DE LA CONCEJAL
Lo sorprendente del caso es que ni siquiera la concejal desmintió la situación de esos bares: "Todos conocemos el tipo de bares de mi padre". Aunque se excusó diciendo que son lugares "con vista a la calle" y que "no se ejerce la prostitución", reconoció que "concurren chicas".
El abogado Luchas Schaerer, de la Fundación La Alameda, quien impulsó la denuncia, explicó que "lo que hacen es aprovechar la habilitación como restaurantes para encubrir la actividad sexual".
El fiscal que dio curso a la denuncia, Federico Delgado, justificó su decisión porque, efectivamente, los locales eran "frecuentados por mujeres que ejercen la prostitución, quienes aportan una comisión al comercio en concepto de 'copas compartidas' que consumen con los ocasionales clientes, para luego retirarse a un hotel de la zona".
En caso de que Zapico fuera declarada culpable, podría ser condenada a una pena de entre cinco y diez años de prisión, ya que el delito de explotación sexual se ve agravado por su calidad de funcionaria pública.
Actualmente, la concejal está de licencia en atención a un pedido que realizó cuando la denuncia se hizo pública en el mes de abril.