BOGOTÁ, 23 Dic. (Notimérica) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha criticado este martes el acuerdo alcanzado por el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sobre las víctimas del conflicto anunciado el pasado 15 de diciembre.
El acuerdo prevé la creación de una "Jurisdicción Especial para la Paz" --formada por un Tribunal Especial para la Paz y varias salas que determinarán los casos que irán a juicio-- que se ocuparía de "graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas por las FARC.
La nueva jurisdicción también se aplicará a delitos perpetrados por agentes del Estado que estén "relacionados" con el conflicto armado y se hubieran cometido "con ocasión" de este.
La ONG de Derechos Humanos encargó a una decena de abogados de diversos países y especializaciones el análisis de las 63 páginas del acuerdo alcanzado entre las FARC y Colombia. El pacto ha sido duramente criticado.
¿SANCIÓN ADECUADA?
A través de un comunicado, HRW cuestiona que, debido al nuevo acuerdo, Colombia vaya a cumplir con su obligación respecto al derecho internacional de aplicar la sanción adecuada a aquel que cometa violaciones de Derechos Humanos y del derecho internacional humanitario.
"Cuanto menos se asemejen las condiciones de castigo previstas en el acuerdo a las condiciones propias de la privación efectiva de la libertad será más probable que Colombia incumpla con su obligación de aplicar un castigo adecuado", señala.
En este sentido, critica que los que admitan haber cometido algún crimen queden eximidos de penas de cárcel y de cualquier "medida de aseguramiento equivalente".
Para la ONG, la única sanción que tendrán quienes confiesen sus crímenes y colaboren con la justicia serán restaurativas y reparadoras en lugar de punitivas. De este modo, las únicas restricciones de libertad que enfrentarán los confesos serán las necesarias para ejecución de estas sanciones.
POSIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTOS
Además, el nuevo acuerdo también permitirá desplazarse a aquellos que confiesen sus crímenes incluso aunque "no sean compatibles con el cumplimiento de la sanción" siempre que esto sea autorizado por funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz.
"El acuerdo no establece límites acerca de qué tipo de desplazamientos no compatibles (por ejemplo, por razones médicas) podrían ser autorizados", indica la organización.
DURACIÓN DE LAS SANCIONES
Otro punto criticado es que no existan garantías de que los condenados cumplan con los años de castigo (entre cinco y ocho años). El texto del acuerdo, sostiene la ONG, permitiría que los guerrilleros sancionados con un acto de reparación puedan recuperar su "libertad" antes si el proyecto es terminado con anticipación.
"El nuevo acuerdo se refiere a un rango de sanciones de cinco a ocho años para aquellos que hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas, pero los términos en los cuales califica al mínimo de cinco años parecen sugerir que se refiere a la duración de los proyectos restaurativos y reparadores, y no de las restricciones a la libertad", explica HRW.
El pacto tampoco prevé sanciones a aquellos criminales que incumplan lo pactado con el Tribunal Especial para la Paz tras confesar sus actos, lo que les permite seguir gozando "de los beneficios de la jurisdicción especial incluso si no respetan las condiciones impuestas por el Tribunal".
RESPONSABILIDAD DE MANDO
Otro punto en el que hacen énfasis es en el de la cadena de mando a la hora de atribuir responsabilidades. Según el derecho internacional, los altos mandos militares pueden ser sancionados penalmente por violaciones de DDHH cometidas por sus subordinados si tal superior tenía control efectivo sobre el responsable, conocían la comisión del delito y tenían la capacidad de prevenirlo.
"El acuerdo incluye una definición de responsabilidad de mando muy similar a la establecida en el derecho internacional. No obstante, contiene dos frases ambiguas que podrían dar margen para interpretaciones que permitan que altos mandos militares de la Fuerza Pública colombiana y las FARC eludan cualquier tipo de rendición de cuentas por atrocidades cometidas bajo su control", señala el documento.
EJERCER CARGOS PÚBLICOS
Human Rights Watch también advierte que gracias al nuevo acuerdo, aquellos que hayan admitido crímenes de lesa humanidad podrán ejercer un cargo público, contradiciendo así al derecho colombiano.
Para la ONG, "ninguna persona que cumpla una pena tras haber sido condenada por un crimen de guerra, crimen de lesa humanidad o una grave violación de derechos humanos debería poder postularse para un cargo público ni desempeñarlo mientras esté cumpliendo esa pena".
¿TRIBUNAL INDEPENDIENTE?
Para que cualquier proceso judicial sea legítimo, el órgano encargado de interpretar y aplicar el derecho debe ser independiente. Sin embargo, el acuerdo no garantiza la indepencia del tribunal encargado de llevar a cabo el proceso.
Según la organización, el pacto no refleja "de qué modo serán seleccionados los miembros de la Jurisdicción Especial ni tampoco qué lineamientos o garantías básicas deberán aplicarse para la formulación de criterios que aseguren que se trate de un tribunal efectivo, independiente e imparcial".
"La falta de garantías sobre la independencia del Tribunal para la Paz resulta particularmente preocupante considerando la gravedad de los delitos sobre los cuales tiene competencia y las obligaciones de justicia frente a las víctimas", critica.
En definitiva, para el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, "el acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, a la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad", sin embargo, simplemente son "promesas vacías" que disfrazan una "piñata de impunidad".
Para Vivanco "este acuerdo no es un progreso, sino un retroceso" y recomienda que sea revisado por instancias internacionales de Derechos Humanos, según ha informado el diario 'El Colombiano'.