CIUDAD DE GUATEMALA, 21 Mar. (Notimérica) -
El día de antes de que 40 menores murieran en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción de San José Pinula, en Guatemala, una de sus internas denunciaba ante las cámaras de televisión el maltrato y vejación al que se veía sometida junto a otras compañeras y compañeros por parte del personal del centro. Al día siguiente, el 8 de marzo, la joven murió a consecuencia del incendio, encerrada bajo llave, en una de las estancias del edificio.
Tal y como afirmaba, ella y muchos de sus compañeros, habían huido de sus hogares hasta el albergue debido al maltrato que recibían en su entorno familiar y, paradójicamente, habían entrado en la misma dinámica. "La verdad, aquí nos tocan. Las educadoras no dicen nada, nos tratan mal (...). Eso sí es violación porque a nosotras nos amarran todas las noches", decía Mileny Eloisa Hernández.
Los abusos no eran sucesos aislados. El lugar era foco de violencia y violaciones desde hacía años. Según informa el medio 'BBC Mundo', el 17 de octubre de 2013 se registró la primera muerte violenta en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, cuando una niña de apenas 14 años murió asfixiada con una bufanda, de la que tiraban por ambos extremos mientras mantenían inmovilizada a la joven, como castigo después de que ésta participara en un motín.
Además, existen hasta 28 denuncias previas a los hechos relacionadas con el personal del albergue entre los años 2014 y 2016, en las cuales se relaciona al personal del centro con agresiones sexuales amparadas en la superioridad jerárquica de los maestros y responsables de los jóvenes, así como de otros trabajadores ocasionales del centro.
De demostrarse judicialmente los hechos, podría considerarse que la razón de dichos motines y de las fugas constantes deriva más de la situación interna vivida por los jóvenes residentes, que al hacinamiento de perfiles tan diversos y de la falta de presupuestos, tal y como sostienen las autoridades guatemaltecas. Estas han obviados sistemáticamente las protestas y el Gobierno, responsable de los jóvenes en situación de desamaparo y maltrato, se ha visto en la obligación de asumir la responsabilidad después de varios intentos fallidos de eludirla.
Tal y como afirma a 'BBC Mundo' la abogada del Grupo de Apoyo Mutuo, Karla Campos, esto no deja de ser una consecuencia de lo anteriormente nombrado y del hecho de que "el personal tiene muchos años de estar ahí, pero no ha sido formado adecuadamente y tampoco tiene enfoque de derechos humanos que necesita". Sin embargo, dada la gravedad de la violencia ejercida contra los menores, cabe preguntarse si se trata de un hecho de formación en Derechos Humanos o de humanidad en sí misma.
TRIÁNGULO DEL NORTE
Los menores internos, si bien podían estar en ese tipo de centros por haber cometido algún tipo de delito, por haber sufrido abusos por parte de sus familiares o por encontrarse en una situación de vulnerabilidad que podía aproximarlos a grupos pandilleros o mareros, no dejaban de ser menores en edad de formación y, en todo caso, reinserción o encauzamiento social.
Así, la visión punitiva y abusiva que dominaba, o puede dominar, en los centros de acogida guatemaltecos supone, más que un beneficio, una prolongación y expansión de la problemática social que se vive en el país. Junto con El Salvador y Honduras, Guatemala compone el conocido 'Triángulo del Norte', una de las zonas con mayor índice de homicidios y asesinatos de toda América Latina.
La presencia de maras y pandillas, brazos ejecutores de cárteles de droga o de trata de blancas, en muchas ocasiones corresponde a un recurso de 'seguridad' para los jóvenes. Seguridad económica (por la falta de oportunidades laborales) y de seguridad vital, tanto de los pandilleros adversarios como de las autoridades y cuerpos de seguridad del país. Entonces, ¿quién vela por la seguridad de los jóvenes guatemaltecos?