MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado (FGE) detectó en 2024 un total de 14 feminicidios ampliados consumados con víctimas colaterales frente a los dos que se registraron en 2023, según indica en su Memoria correspondiente al año pasado presentada este viernes durante la apertura del Año Judicial.
En concreto, el documento recogido por Europa Press revela que las víctimas fueron en nueve ocasiones hijos menores de edad del propio agresor; en uno, un hijo mayor de edad; en dos ocasiones, madre de la pareja del agresor; en uno el padre y en otra, un conocido de la víctima.
En cuanto al factor ruralidad y su incidencia por núcleos de población, señala que dos se cometieron en núcleos de menos de 1.000 habitantes; dos de entre 1.000 hasta 5.000; otros dos de entre 5.000 hasta 10.000; uno de entre 10.000 hasta 20.000; uno de entre 20.000 hasta 50.000; tres de entre 50.000 hasta 100.000 y tres en núcleos superiores en población.
Por otro lado, sobre los feminicidios ampliados intentados Fiscalía ha contabilizado ocho. En cinco ocasiones las víctimas fueron hijos de dichas mujeres, dos de ellos mayores de edad y tres menores; en las otras tres ocasiones las víctimas fueron un hermano, la madre y la pareja actual de la mujer.
Respecto a hechos graves que afectaron a otras víctimas, se han producido cinco: dos eran hijas de la mujer, de ocho y cuatro años; la hija mayor de edad y una amiga de la mujer en otro caso, y una menor de 21 meses en el último.
Igualmente, señala que el año pasado se registraron 50 feminicidios, de los que 19 corresponden al primer semestre y 31 al segundo. Con relación al año 2022 (51 feminicidios) se ha registrado un descenso del 1,96%, y con relación al año 2023 (59 feminicidios) la disminución es de un 15,25%.
En este sentido, Ficalía advierte de que se registró un incremento "preocupante" de feminicidios en el mes de junio (del 40%). Si bien, en enero y mayo indica que se produjo un descenso "importantísimo" (de un 71,43% y 83,33%, respectivamente).
De las 50 mujeres que fueron asesinadas en 2024, en 14 ocasiones las víctimas habían denunciado previamente al presunto agresor, lo que representa el 28%. Mientras, en 2023, denunciaron el 25,42% de las mujeres. En esta misma línea, Fiscalía destaca que ocho de los agresores eran persistentes, con antecedentes de violencia de género con otras parejas o exparejas (el 16%).
La Fiscalía precisa que el método más empleado sigue siendo las armas blancas, utilizadas en 17 ocasiones (un 34%), seguido por asfixia y estrangulamiento (en 13 casos, un 26%). En cuanto al lugar de comisión, 38 de los feminicidios consumados se cometieron en el domicilio común, del agresor, o de la víctima, lo que representa el 76% del total.
"De este modo se pone en evidencia que el domicilio compartido o propio, no es un lugar seguro para estas víctimas dado que el maltratador busca o aprovecha, para llevar a cabo la acción feminicida, estos espacios en los que le resulta más fácil ejecutarla ante la ausencia de terceros que puedan acudir en defensa de la mujer", subraya en la Memoria.
LAS VÍCTIMAS DE POBLACIONES PEQUEÑAS NO DENUNCIAN
En el documento también hace referencia al factor de la ruralidad y destaca que las víctimas que residían en poblaciones de menos de 5.000 habitantes no denunciaron "en ningún caso". Para la Fiscalía, ello "puede obedecer al miedo al estigma o a la mayor dificultad en el acceso a los recursos específicos de violencia de género y, en definitiva, para denunciar y buscar apoyos".
Asimismo, añade que, en 2024, los fiscales comunicaron 71 hechos graves, de los que 48 avisa de que "podrían ser constitutivos de feminicidios íntimos de pareja intentados". De estos, 23 de las víctimas habían denunciado previamente (47,9%) y 14 tenían hijos menores a su cargo (60,87%).
Finalmente, respecto a la atención de las víctimas, considera "prioritario" consolidar el modelo multidisciplinar con profesionales de la psicología, derecho y trabajo social; extender oficinas itinerantes al medio rural; homogeneizar protocolos de actuación y dotar a todas las oficinas de sistemas informáticos compartidos; reforzar la formación del personal en género, infancia e interseccionalidad; mejorar la coordinación entre servicios forenses, fiscalías y juzgados; garantizar espacios seguros y dignos en los que atender a las víctimas en todas las sedes judiciales; habilitar salas específicas para la atención a víctimas; implementar unidades de atención a la violencia digital y ampliar los horarios y servicios de guardia.