"Tenemos presiones de ese tipo, presiones parlamentarias permanentes, porque los parlamentarios son los primeros que siempre nos atacan", señala el fiscal
MADRID, 23 Abr. (Notimérica) -
El fiscal que investiga las ramificaciones del 'caso Odebrecht' en Perú, Rafael Vela Barba, quien coordina las investigaciones del denominado Equipo Especial Lava Jato desde el mes de agosto de 2018, ha confesado las grandes presiones (de todo tipo) y la dificultad que está conllevando la investigación del mayor caso de corrupción de América Latina.
En una conversación con el diario 'El País' tras la sentencia de hasta tres años de prisión provisional para el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y el suicidio del también expresidente Alan García cuando iba a ser detenido, Vela ha defendido la importancia de las medidas preventivas para asegurar la acción de la justicia.
En un momento en el que la investigación sobre los hechos ya ha encontrado la "madurez procesal", el equipo se encuentra "buscando medidas que aseguren que los fines de la investigación sean los que correspondan al procesamiento de la información que estamos recibiendo", señala.
Con la información obtenida hasta el momento a través de acuerdos de colaboración con miembros de Odebrecht o personas implicadas, "entramos a esa mayor agresividad procesal. Porque ya tenemos información que puede superar los altos estándares que hay para las medidas coercitivas y que nos permite asegurar a los investigados lo necesario y hacer nuestro trabajo ya con una planificación estratégica", señala Vela haciendo referencia a la fuga de algunos de los investigados.
Como indica a 'El País', existen "varios casos" al respecto, como el de Alejandro Toledo, huido a Estados Unidos hace dos años. "Hay muchos casos en los que, por diferentes razones, generalmente vinculadas a esta campaña agresiva que tenemos en contra de hacer un presunto mal uso de las herramientas procesales de aseguramiento como es la prisión preventiva o la detención preliminar, no puedan permitir que esa flexibilidad genere impunidad", defiende.
El fiscal no cesa de recordar la repercusión que conllevan las personas señalas en la investigación del caso: "nos estamos enfrentando no solamente a toda la clase política del país que está involucrada en hechos de lavado de activos y corrupción, sino también propiamente a un fenómeno de espaldas financieras muy grandes en donde también las personas de alto perfil tienen mucho dinero para pagar defensas técnicas muy calificadas", sostiene, y añade que "nos estamos enfrentando sin excepción a todos los grandes estudios de abogados de Lima en materia penal".
"Es una pelea con todo lo que el dinero puede pagar, dinero que además muchas veces tiene una condición ilimitada en la medida de que la corrupción tiene grandes fondos", continúa. Así, el fiscal reflexiona que "no solamente nos enfrentamos al poder del dinero para contratar defensas técnicas muy calificadas, sino también a la clase política del país que en este momento está presente". Como resultado de ello, asegura sentir muchas presiones, las cuales proceden de diferentes frentes.
"El día 31 de diciembre, cerca de las nueve de la noche, la cabeza de nuestra institución, que es la Fiscalía de la Nación, dejó sin efecto nuestras designaciones en el equipo especial", ejemplifica. "A partir de lo que entendemos era una injerencia de la política dentro de la institución [...] Tenemos presiones de ese tipo, presiones parlamentarias permanentes, porque los parlamentarios son los primeros que siempre nos atacan" recalca.