Actualizado 17/12/2013 21:37 CET

Dominicana iniciará en 90 días un plan de regularización de inmigrantes

Frontera Entre Haití Y República Dominicana
REUTERS

SANTO DOMINGO, 12 Oct. (Reuters/EP) -

República Dominicana anunció este viernes que en 90 días comenzará un plan de regularización de inmigrantes, en medio de un encendido debate público por un fallo del Tribunal Constitucional que priva de la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en el país.

El Tribunal Constitucional decidió el mes pasado que los hijos de inmigrantes extranjeros indocumentados nacidos en el país desde 1929 no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, en respuesta a un recurso de amparo de una mujer a la que se le negó una cédula de identidad y que la corte consideró haitiana.

República Dominicana y Haití, la economía más pobre de América, comparten una larga y permeable frontera sobre la isla de La Española. Según el tribunal, el 6,87 por ciento de los habitantes de Dominicana son de origen haitiano.

El Gobierno convocará al Consejo Nacional de Migración, un órgano público que integran varias agencias del gobierno, para que las normas se ajusten a la sentencia, como pidió el Tribunal Constitucional.

La sentencia ordena a la Junta Central Electoral remitir al Ministerio de Interior y Policía, que preside el Consejo Nacional de Migración, la lista de extranjeros irregularmente inscritos en el registro civil para que se elabore un plan de regularización.

"El Tribunal Constitucional considera que ese plan repercutirá muy positivamente en la vida de cientos de miles de extranjeros, puesto que propiciará la regularización de su estatus migratorio", dijo la abogada experta en temas migratorios Wanda Méndez.

Sin embargo, la sentencia también ha despertado temor por la situación en que quedarán unos 250.000 nacidos en República Dominicana de ascendencia haitiana y alrededor de 35.000 hijos de padres de otras nacionalidades.

"Las vidas de las personas que caen en esta categoría se han paralizado, pues no han podido obtener copia de su acta de nacimiento y consecuentemente, ni cédula, ni pasaporte, ni inscribirse en la escuela o universidad, sacar seguro, obtener trabajo y un sinnúmero de negaciones más", dijo Ana Celeste Fernández, ex jueza de la Junta Central Electoral.