BOGOTÁ, 5 Jun. (Notimérica) -
El escándalo de los 'falsos positivos' ha vuelto a ser una amenza para Colombia. Esta vez, el motivo ha sido la acusación contra el jefe del Ejército de Colombia, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, quien habría dirigido una brigada acusada de haber realizado ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como guerrilleros muertos en combate, según 'El País'.
De acuerdo con un reciente informe de la Fiscalía de Colombia, entre 1998 y 2014 se han producido al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales en las que el 97 por ciento de las víctimas murieron entre 2002 y 2008, coincidiendo con el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
A partir de 2002, y en el marco del conflicto armado colombiano que comenzó en la década de 1960, miembros de las brigadas del Ejército colombiano ejecutaron de forma habitual a civiles a lo largo del país.
En este contexto, soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que mostraran resultados "positivos" e incrementaran el número de bajas en combate a las guerrillas, se llevaron por la fuerza a víctimas o las citaron en parajes remotos con promesas falsas, para luego asesinarlas. Tras esto, colocaban armas junto a los cuerpos e informaban de que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos.
El número de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente a partir de 2009. Sin embargo, desde que recientemente se conoció que la dirección del Ejército supuestamente relacionaba mejores resultados de los miembros con mayor número de víctimas, este escándalo ha vuelto a preocupar al Gobierno y organizaciones de derechos humanos.
REACCIONES
El presidente de Colombia, Iván Duque, tras conocer las denuncias ha anunciado la creación de una comisión presidencial independiente orientada a realizar "un análisis riguroso de todas las órdenes manuales y documentos operacionales, y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitario", indicó en declaraciones recogidas por el citado medio.
Por su parte, la Organización No Gubernamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) acusó el pasado mes de febrero a las autoridades colombianas de haber concedido a nueve generales investigados por esta causa en altos cargos de las Fuerzas Armadas del país.
Sin embargo, la acusación hacia Martínez Espinel salió a la luz el pasado mes de mayo. El diario estadounidense 'New York Times' publicó una información según la cual el militar habría ordenado a sus soldados que duplicaran el número de guerrilleros izquierdistas y criminales a los que matan, capturan u obligan a rendirse en combate.
A esta acusación se suma la actual de que Martínez Espinel no habría ejercido su labor de control sobre la brigada en el periodo mencionado. La Procuraduría General ya ha abierto una investigación para aclarar estos hechos.