MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso una batería de preguntas escritas al Gobierno para saber, entre otras cuestiones, si tiene previsto "modificar" las pruebas de determinación de la minoría de edad a personas migrantes.
En concreto, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago Romero, ha preguntado si ha pensado realizar estas pruebas "únicamente en aquellos casos en los que pudiera existir dudas sobre la edad de los y las menores y no se disponga de documentos probatorios".
En este sentido, recuerda la denuncia de Amnistía Internacional que ponía de manifiesto casos en los que los menores migrantes eran trasladados a Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) o a campamentos de acogida para adultos, "sin haber recibido ningún tipo de medida de protección adicional".
Asimismo, Santiago Romero indica que, según le han trasladado algunos abogados en una visita a las islas de El Hierro y Tenerife, hay migrantes menores de edad que fueron detenidos y, posteriormente, ingresados en prisión "por su supuesta paticipación en hechos delictivos a pesar de que en todos ellos se aportó documentación acreditativa de su edad".
Además, expone que, según la Fiscalía de Extranjería a Amnistía Internacional, 2.791 personas están pendientes de las pruebas de determinación de la edad (811 en Las Palmas y 1.980 en Tenerife).
También explica que organizaciones de derechos humanos han denunciado que actualmente se realizan este tipo de pruebas, incluso cuando los menores aportan documentación que corrobora que lo son. Así, recuerda que el Comité de Derechos del Niño expone que, "mientras el proceso de determinación de la edad esté abierto debe otorgarse a las personas el beneficio de la duda y presumir su minoría de edad prevaleciendo el interés superior del menor".
Así, en una respuesta escrita a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno asegura que en aquellos casos en los que la persona migrante se encuentra documentada como menor de edad no acompañado, así como en los que está indocumentada y manifiesta ser menor de edad o, por su apariencia, no existen dudas de su minoría de edad, se activa el Protocolo de Menores Extranjeros No Acompañados.
Además, agrega que en estas situaciones se da cuenta al Ministerio Fiscal y se deriva a estas personas "de forma inmediata" a un centro de menores.
MENÚS Y FÁRMACOS EN LOS CIES
Por otro lado, el portavoz de Turismo de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha preguntado al Ejecutivo sobre los menús de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como por los medicamentos que se suministran a los internos.
Concretamente, Ibáñez hace referencia al CIE de Valencia, que visitó el pasado 23 de noviembre, que le impactó "mucho" debido a las "deficiencias del centro, la poca comida, la falta de intimidad en sus habitaciones compartidas con cinco internos más, la precariedad del servicio de lavandería" y "la normalidad con la que el médico responsable explicó la alta dependencia a fármacos ansiolíticos y antidepresivos para contener la paz social en el CIE".
Así, en una respuesta escrita recogida por Europa Press, el Gobierno precisa que los menús del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia "son elaborados por nutricionistas dietistas colegiados contratados por la empresa adjudicataria" y "supervisados por el personal sanitario del propio Centro", que garantiza "la calidad y cantidad de los mismos". También informa que las raciones cuentan con ficha técnica, donde se detallan los ingredientes, gramajes y valor nutricional.
En cuanto a los medicamentos, apunta que siguen un criterio "estrictamente médico" y añade que a los internos que ingresan con
conductas adictivas a fármacos de uso restringido, les pautan terapias de desintoxicación y rescate para síndromes de abstinencia. En todo caso, concluye que, en caso de requerir una intervención más exhaustiva, son derivados a los hospitales de referencia.