Actualizado 17/07/2013 10:00 CET

Gobierno proyecta una de las menores tasas de aborto del mundo

Uruguay
CEDIDA

MONTEVIDEO, 17 Jul. (Reuters/EP) -

Uruguay proyecta registrar este año una de las menores tasas de aborto entre los países que han legalizado la práctica, según señaló este martes el Gobierno.

El país aprobó en octubre una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, convirtiéndose así en la tercera nación sudamericana en autorizarla.

"Las cifras reportadas son realmente muy bajas, se han reportado desde diciembre (hasta mayo) 2.550 interrupciones voluntarias del embarazo", dijo en rueda de prensa el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo, quien estimó que Uruguay registrará alrededor de 7.200 abortos este año.

"La proyección que hacemos, con una tasa de 10 abortos cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, nos ubica entre los mejores países del mundo, cercanos, casi pegados, con Europa Occidental (...) la región con menor tasa de aborto cada 1.000 mujeres", agregó.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), algunos países de Europa Occidental tienen una tasa de 12 abortos por cada 1.000 mujeres, apenas por encima de la cifra proyectada por Uruguay.

Entre 1995 y el 2002 se realizaron en promedio unos 33.000 abortos anuales ilegales en Uruguay, según una estimación de la Organización de Estados Americanos basada en el circuito clandestino. El país apenas tiene 3,3 millones de habitantes.

El aborto estaba penalizado en Uruguay desde 1938. Desde la implementación de la nueva normativa todos los centros de salud y los médicos, salvo objeción de conciencia, deben practicarlo siempre que la mujer lo solicite. Alrededor de un 30 por ciento de los médicos capacitados para realizar abortos expresaron que no realizarían la práctica.

DEMASIADAS CONDICIONES

La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, impulsada por la coalición de gobierno Frente Amplio, recibió el rechazo de grupos anti-abortistas y de organizaciones que criticaron la medida porque impone demasiadas condiciones a la mujer.

Las embarazadas deben entrevistarse con un grupo de profesionales de la salud y reflexionar sobre su decisión de interrumpir la gestación antes de que le sean administrados los psicofármacos para llevarlo a cabo.

En junio se realizó una consulta popular que buscó promover un referéndum para derogar la polémica ley, pero sólo se obtuvo el apoyo de un 9 por ciento de los ciudadanos del 25% mínimo requerido.

Las cifras del Ministerio de Salud Pública muestran que entre un 6 y un 10 por ciento de las mujeres que consultaron para suspender su embarazo, desistieron de hacerlo.

De aquellas que sí lo hicieron, un 15 por ciento eran menores de 19 años y un 72 por ciento tenían 20 años o más, mientras se desconocen los datos etarios del otro 13 por ciento.