Actualizado 05/12/2006 18:12:44 +00:00 CET

Venezuela.- La AVT pedirá embargar la indemnización al etarra Sebastián Etxaniz por el asesinato de un guardia civil

El etarra fue condenado a indemnizar a sus víctimas con una cantidad muy superior a la que recibirá de Venezuela

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) pedirá próximamente embargar la indemnización que el Gobierno venezolano ha comprometido con el etarra Sebastián Etxaniz por haberle extraditado a España en 2002, informaron hoy a Europa Press fuentes de la asociación.

Las mismas fuentes explicaron que pedirán en primer lugar el embargo de la indemnización a Etxaniz debido a que ya existe sentencia firme del Tribunal Supremo que ratifica la condena que se le impuso por el asesinato del teniente coronel jubilado de la Guardia Civil Luis Cadarso el 14 de abril de 1981 en Basauri (Vizcaya).

La Audiencia Nacional había condenado a Etxaniz, Enrique Letona y José Antonio Borde Gaztelumendi, miembros del "comando Vizcaya" de ETA, a 36 años de prisión y a indemnizar con 500.000 euros a los herederos de Cadarso.

Por otra parte, en diciembre de 2004 la Audiencia Nacional condenó a Etxaniz a 35 años de cárcel por el asesinato el 30 de diciembre de 1982 del jefe de la Policía Municipal de Barakaldo, José Aibar Yáñez y a una indemnización a la familia del policía de 300.000 euros.

El abogado venezolano Marino Alvarado confirmó hoy a Europa Press que el Gobierno de Hugo Chávez y los abogados de los dos etarras que fueron expulsados en el año 2002 llegaron a un "acuerdo amistoso" en junio pasado por el que se establece una indemnización de casi 1.000 millones de bolívares (350.000 euros) para Sebastián Etzaniz Alkorta y Juan Víctor Galarza y sus familiares, por "daños y perjuicios" causados por lo que considera una deportación "ilegal y arbitraria".

En virtud de ese acuerdo, Etxaniz y su compañera sentimental recibirían 193.000 euros y Galarza 132.000 euros. En un comunicado, la AVT anunció hoy que su equipo jurídico va a ejercer las acciones legales necesarias para que, en los momentos procesales y judiciales oportunos, el Estado ejecute un embargo sobre estas "indemnizaciones", para afrontar los pagos a los que fueron condenados los etarras a los que el Gobierno venezolano pretende indemnizar.