El tratado bilateral permite rechazar la entrega de un nacional siempre que no haya obtenido la nacionalidad con fines fraudulentos
MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La eventual concesión de la nacionalidad venezolana a miembros de ETA refugiados en ese país no impediría que fueran detenidos si salen de esas fronteras y sobre ellos pesa una orden internacional de detención, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.
Si este extremo sucediera, el hecho de ser nacionales venezolanos permitiría a las autoridades de ese país "solicitar" que fueran juzgados en Venezuela, según las mismas fuentes, que añadieron que el inicio de los trámites de nacionalización puede paralizar una petición de extradición aunque ésta ya haya sido cursada.
Es decir, el Gobierno venezolano puede suspender la resolución de una petición de extradición hasta resolver si le da la nacionalidad o no al sujeto objeto de esa demanda de entrega.
El tratado de extradición vigente entre España y Venezuela desde el 30 de septiembre de 1990 permite a la parte a la que se le requiere la extradición que la rehúse cuando el reclamado fuera un nacional de ese país y precisa, en el apartado 1 de su artículo 8, que esa "cualidad de nacional se apreciará en el momento" de decidir sobre la extradición y "siempre que no hubiese sido adquirida con el fraudulento propósito de impedirla".
Sin embargo, le corresponde en este caso a Venezuela considerar si la nacionalidad venezolana se ha adquirido con un propósito fraudulento, por lo que otras fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explicaron que esto implica que todo queda en manos de la "voluntad" de la autoridad gubernativa requerida, por lo que una eventual extradición de etarras que hayan solicitado la nacionalidad venezolana dependerá más de las gestiones diplomáticas que inicie el Gobierno español que de la justicia.
También el apartado segundo del mencionado artículo prevé, para el caso de que la parte solicitada rechazara la extradición, que tenga la obligación de, a petición de la parte requirente, "someter el asunto a las autoridades competentes", en este caso el Gobierno de Venezuela, con el fin de que "pueda procederse judicialmente contra aquel".
Las mismas fuentes señalaron que si estos etarras, una vez nacionalizados venezolanos, salieran del país y pesara sobre ellos una orden de detención, habría que aplicar el sistema de extradición que correspondiera con ese nuevo país.
El abogado venezolano Marino Alvarado confirmó hoy a Europa Press que el Gobierno de Hugo Chávez y los abogados de los dos etarras que fueron expulsados en el año 2002 llegaron a un "acuerdo amistoso" en junio pasado por el que se establece una indemnización de casi 1.000 millones de bolívares (350.000 euros) para Sebastián Echániz Alcorta y Juan Victor Galarza y sus familiares, por "daños y perjuicios" causados por lo que considera una deportación "ilegal y arbitraria".
Según explicó el letrado, el acuerdo establece también que el Gobierno reconoce la presencia en su territorio de varios "asilados políticos vascos" que llegaron en los años ochenta con motivo de los acuerdos alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González y se compromete a "dar facilidades" para que los "asilados vascos" puedan obtener la carta de naturaleza y la nacionalidad venezolana "cuando reúnan las condiciones" recogidas por la ley.
Sobre si las autoridades venezolanas han concedido ya la nacionalidad a algún otro etarra residente en el país sudamericano --en referencia a Miguel Ángel Aldana, Eugenio Barrutiabengoa, Jesús Ricardo Urteaga y José Lorenzo Ayestarán--, el abogado aseguró que no tiene constancia de que así se haya producido. En el mismo sentido se han pronunciado fuentes del Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela consultadas por Europa Press.