Actualizado 27/07/2006 21:36:20 +00:00 CET

Venezuela.- Medio centenar de policías son expulsados del cuerpo tras una denuncia que les vincula a casos de secuestro

CARACAS, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de policías del estado venezolano Zulia fueron expulsados hoy del cuerpo a raíz de la denuncia del ministro del Interior, Jesse Chacón, sobre la presunta participación de agentes de esa región en casos de secuestro.

Aunque el gobernador de Zulia --opositor al presidente, Hugo Chávez-- rechazó la sugerencia de Chacón de reestructurar la policía regional, fuentes policiales anunciaron que 49 miembros de ese cuerpo fueron expulsados y que se esperan nuevas destituciones.

El comisario Elisaúl Montiel confirmó las expulsiones y explicó al diario venezolano 'Panorama' que la decisión tomada por una junta interventora presuntamente se debió a faltas graves cometidas, según informa la agencia 'Prensa latina'.

Esa junta se estableció después de que el defensor del Pueblo de Zulia, Antonio Urribarrí, denunciara la vinculación de la Policía Regional en secuestros. Poco después se comprobó la participación de al menos dos agentes y un ex oficial en un rapto y un asesinato.

Urribarrí también reveló la existencia de una banda denominada 'Los Intocables', que está integrada por uniformados y se dedica a secuestros, robos a instituciones financieras y contratación de sicarios.

MASACRE EN YUMARE

Además de las acusaciones de corrupción de la Policía Regional, el Gobierno venezolano ha denunciado la presencia como jefe de seguridad del gobernador zuliano de Henry López Sisco, un ex comisario de la Policía Política (DISIP) acusado de varios asesinatos.

López Sisco está acusado de ser uno de los responsables de la masacre de la localidad de Yumare, situado en el estado Yaracuy, en 1986, cuando fueron asesinados nueve revolucionaros en una operación que después se hizo ver como un enfrentamiento.

La operación consistió en la simulación de una emboscada mediante la infiltración de agentes de la DISIP en el grupo, quienes fueron los encargados de llevar al lugar de los hechos a las víctimas. Allí fueron capturados, torturados y asesinados en una acción por la que están acusados 38 funcionarios de la DISIP y siete del gobierno de entonces, así como al ex presidente Jaime Lusinchi.