WASHINGTON, 11 Jul. (Notimérica) -
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy y Amnistía Internacional junto a otros grupos civiles han exigido al Gobierno de los Estados Unidos retirar su apoyo económico al Ejército de México, contemplado en la Iniciativa Mérida desde 2008, por la falta de garantías en los Derechos Humanos del país pertinente.
"A la luz de la información disponible, creemos que es esencial el cese de apoyo a las fuerzas armadas de México a través de la iniciativa Mérida, ya que esto refuerza y sostiene un papel inapropiado y abiertamente peligroso del Ejército en el cumplimiento de la ley y ahonda una situación ya grave de los Derechos Humanos", reza el manifiesto firmado por estas organizaciones y enviado al secretario de Estado de EEUU, John Kerry.
Los ocho co-firmantes --WOLA, LAWG, Amnistía, Robert. F. Kennedy, el Centro Prodh, Tlachinollan, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC y Fundar, estas últimas con sede en México-- también se han dirigido con su memorando al embajador estadounidense en México, Anthony Wayne, así como a los senadores Lindsey Graham y Patrick Leahy, y a los congresistas Kay Granger y Nita Lowey.
En el texto señalan que el Gobierno de México no ha logrado avances significativos en las áreas identificadas en el Congreso de EEUU y establecidas en la Iniciativa Mérida, específicamente, en lo referido a la persecución e investigación de la violación a los DDHH, sino que por contra preocupa el "elevado número de desapariciones forzadas y el uso generalizado de la tortura".
La Iniciativa Mérida se remonta al 30 de junio de 2008, los entonces presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa, y el estadounidense, George W.Bush, activaron este tratado internacional de seguridad mediante el cual prometen combatir conjuntamente al narcotráfico y crimen organizado en Centroamérica.
Este Plan/Iniciativa determina que el 15 por ciento de los fondos estadounidenses destinados a las fuerzas de seguridad mexicanas podrían ser retenidos si el Departamento de Estado no puede verificar que México esté cumpliendo con los puntos de referencia importantes de Derechos Humanos.
Estas organizaciones han documentado la falta de avances sustanciales en las cuestiones de Derechos Humanos en México y resaltan como casos emblemático:
"La desaparición forzada de los 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa, estado de Guerrero, y la masare de civiles en Tlatlaya en 2014, Estado de México, junto a los últimos asesinatos de grandes grupos de la población civil por las fuerzas militares y policíacas en circunstancias que podrían sugerir la matanza de personas desarmadas particularmente en el estado de Michoacán, que refuerzan la urgente de necesidad de México de renovar sus políticas de seguridad".
El representante del Wola, Maureen Meyer, añade que la retención de los fondos enviaría un mensaje claro de que "Estados Unidos condena las graves violaciones a los Derechos Humanos acometidas en México". A su juicio, redacta que el país necesita hacer frente a los "alarmantes niveles de delincuencia, la corrupción y abusos de poder sin control, y que posiblemente continúen exacerbando la grave situación". Y enfatiza el papel del Gobierno mexicano al citar que "violando los DDHH, sólo está generando una mayor inseguridad".
"El camino hacia la seguridad ciudadana para México no es de una lógica de guerra, sino más bien de respetar los derechos básicos y humanos, fortaleciendo las instituciones, promulgando verdaderas reformas judiciales y policíacas, castigando la corrupción y con la consolidación del Estado de Derechos y de una democracia representativa", mencionan en el memorando.
La exigencia de estos organismos internacionales se produce después de que 82 congresitas estadounidenses enviaran, el 30 de junio, una carta al secretario John Kerry para expresar su preocupación por las violaciones a los Derechos Humanos en México y en la que insistieron que se trata de "un patrón amplio" más allá de Ayotzinapa y Tlatlaya, que incluye "tortura, detenciones arbitrarias, secuestros y ejecuciones extrajudiciales".