MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes que las fuerzas de seguridad venezolanas han hecho un uso rutinario de la "fuerza ilegítima" contra los manifestantes, en el marco de las protestas que desde el pasado 12 de febrero se han sucedido contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
"Nuestras investigaciones indican que, a partir del 12 de febrero, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes que no estaban armados y contra transeúntes", ha dicho en un comunicado.
HRW ha asegurado que "ello incluyó disparos con armas de fuego, brutales golpizas y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud". En concreto, ha destacado que "se dispararon perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades".
Además, ha sostenido que "miembros de estas fuerzas actuaron deliberadamente contra periodistas y otras personas que fotografiaron y filmaron la represión de manifestantes, y toleraron que pandillas armadas partidarias del Gobierno atacaran impunemente a manifestantes, y a veces incluso colaboraron con éstas".
"También constatamos una variedad de abusos graves contra los detenidos", ha añadido, detallando que "incluyeron violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras y ser obligados a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse durante horas". "En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura", ha sostenido.
La ONG estadounidense ha lamentado que "numerosos funcionarios judiciales hayan incumplido su rol de garantes frente a abusos de poder y, en vez de ello, hayan participado en graves violaciones del debido proceso".
"HRW manifiesta su profunda preocupación ante la gravísima situación de los Derechos Humanos en Venezuela, que representa la más alarmante que hemos observado en el país en años", ha dicho, subrayando que se trata de "una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas".
Así, ha instado "respetuosamente" a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas "a pedirle al Gobierno de Maduro que cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales de respetar los Derechos Humanos".
"Deberían exhortar a Venezuela a llevar a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de Derechos Humanos, disponer la liberación inmediata e incondicional quienes fueron detenidos de manera ilegítima, abandonar toda retórica que fomente la violencia y adoptar medidas para restablecer la independencia del Poder Judicial", ha concluido.
CRISIS VENEZOLANA
La crisis política en Venezuela estalló el pasado 12 de febrero, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados, que ya ha dejado 42 muertos, cerca de un millar de heridos y cientos de detenidos.
Desde entonces, opositores y oficialistas han marchado a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.
La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) fue un paso más allá y, aunque expresó su respaldo a Maduro, creó una comisión de ministros de Exteriores que ha conseguido sentar a la mesa de negociaciones a Gobierno y oposición.