MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha informado este martes de que la 'hoja de ruta' del acuerdo estatal para mejorar la Atención Temprana y reducir los tiempos de espera, dotado de 41,8 millones de euros, se apoyará en acciones como la formación de profesionales sanitarios y de educación, logrando así derivaciones más rápidas.
"La financiación está orientada al desarrollo de los estándares de calidad que se han recogido y cuyas líneas prioritarias me gustaría citar brevemente: el testeo de estándares en servicios que atienden a las familias de rentas más bajas, el acompañamiento técnico a centros y servicios, o la formación de profesionales", ha afirmado Martínez durante una jornada organizada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Estas formaciones, dirigidas sobre todo a pediatras y maestros de educación infantil, buscarán dotar de la capacidad para detectar señales de alarma y crear protocolos que permitan una derivación rápida, algo "fundamental" para aquellos niños que requieren de una Atención Temprana, cuya cifra se sitúa en torno al 10 por ciento de la población menor de seis años, si bien en la actualidad solo un 5,4 por ciento tiene acceso a estos servicios.
El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha manifestado que se trata de una "obligación moral" que ningún alumno se pueda quedar excluido, y ha recalcado que el colegio es en muchas ocasiones el "primer observatorio" donde los maestros pueden detectar ciertas situaciones y dar una alerta.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que este consenso ha permitido definir estándares de calidad comunes en todo el territorio; mejorar los mecanismos de derivación y detección precoz; garantizar la equidad territorial en el acceso; y reconocer la Atención Temprana como un derecho "subjetivo, público y gratuito" para todos los niños lo necesiten.
"No hace falta incidir en la importancia (...) que tiene el seguimiento y la atención profesionalizada sistemática en los primeros años de desarrollo de la vida de los niños y las niñas. Y eso es lo que hemos hecho con este consenso estatal, estableciendo una serie de criterios: la universalidad, la responsabilidad pública, la equidad, la gratuidad, la calidad, la atención a las experiencias concretas en la implementación y en la práctica de las comunidades autónomas", ha afirmado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Tras ello, ha lamentado las desigualdades a la hora de acceder a estos servicios, según la comunidad autónoma, motivo por el que se ha propuesto que el plazo máximo para que los menores de entre 0 y 6 años reciban una atención de calidad y gratuita sea de 45 días desde que se detecta el caso en riesgo.
En ese sentido, ha recalcado que se trata de una etapa "crucial" para sentar las bases del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional y social, y en la que se pueden prevenir situaciones agravadas de discapacidad o dependencia.
Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha reconocido que el actual plan puede dar lugar a diferencias en el acceso a estos servicios de entre 15 y 25 días, pero que en "ningún caso" será de un año, como puede llegar a ocurrir en la actualidad.
Asimismo, ha enfatizado la necesidad de reivindicar la Atención Temprana como un elemento "consustancial" al derecho a la salud, de forma que se puedan abordar las desigualdades existentes en su acceso dependiendo del nivel de renta.
Este tipo de acciones deberán ser puestas en marcha por parte de las comunidades autónomas, y la financiación procede del Fondo Social Europeo Plus. El plan fue aprobado en enero entre los ministerios de Derechos Sociales y de Sanidad junto con los gobiernos autonómicos.