Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo
MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha planteado implantar la declaración responsable de ausencia laboral por enfermedad (DRALE) para que los trabajadores puedan justificar ausencias de hasta tres días por procesos leves y autolimitados sin necesidad de tramitar una baja médica, como medida para mejorar el sistema de incapacidad temporal (IT).
La semFYC plantea que este modelo se limite a los tres primeros días -periodo que, con carácter general, no genera prestación económica- y que diferencie entre procesos agudos ocasionales y enfermedades crónicas recurrentes. La medida pretende evitar consultas exclusivamente administrativas y facilitar que los profesionales sanitarios concentren su actividad en la atención clínica.
Además, la sociedad científica recuerda que las bajas de muy corta duración son precisamente las que más han crecido en los últimos años. Los indicadores de incapacidad temporal de la AIReF muestran que el crecimiento de las bajas laborales se concentra especialmente en los procesos de corta duración. Entre 2017 y 2024, las bajas de 0 a 3 días pasaron de 1,36 a 3,45 millones de procesos anuales, un incremento del 154 por ciento, elevando su peso del 29,2 al 40,2 por ciento del total.
Para la semFYC, estos datos muestran que el principal cambio del sistema se está produciendo en las bajas de muy corta duración, precisamente aquellas sobre las que plantea introducir mecanismos de autojustificación para reducir la burocracia y liberar tiempo asistencial.
La autojustificación de las ausencias laborales de hasta tres días es una de las propuestas que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) recoge en el documento 'Valoración semFYC sobre incapacidad temporal: situación actual, mitos y propuestas en 2026'.
Para la sociedad, cualquier reforma debe partir de una premisa básica: "La incapacidad temporal es una herramienta terapéutica y su gestión no puede desligarse de la realidad asistencial".
"Se está hablando de las bajas sin contar suficientemente con quienes las indican, las mantienen y las dan de alta. Cualquier reforma debe incorporar la visión de los profesionales que valoran clínicamente a los pacientes", ha señalado el portavoz de la semFYC, Paulino Cubero.
LA BAJA DEBE EMITIRLA QUIEN ATIENDE AL PACIENTE
La semFYC también plantea extender la gestión de la incapacidad temporal a todos los niveles asistenciales. La legislación establece que la baja corresponde al médico que reconoce al paciente. Sin embargo, en la práctica, gran parte de estos procedimientos siguen recayendo sobre Atención Primaria, incluso cuando el proceso ha sido diagnosticado y tratado en un servicio de urgencias, durante un ingreso hospitalario o en consultas especializadas. Para la semFYC, este modelo genera millones de consultas burocráticas evitables y retrasa la atención clínica.
La propuesta plantea un sistema integrado en el que cada profesional asuma la emisión de la baja, sus confirmaciones y el alta en función del momento asistencial: urgencias emitiría las bajas muy cortas; los especialistas gestionarían las derivadas de los procesos que siguen; los hospitales asumirían las incapacidades durante el ingreso y Atención Primaria mantendría la continuidad asistencial cuando corresponda.
"En los procesos de atención clínica, los facultativos de cualquier especialidad pueden considerar que, como parte del tratamiento de una patología, es preciso prescribir una incapacidad temporal", señala la presidenta de la semFYC, Remedios Martín, que añade que "la relación médico-paciente basada en la confianza y el conocimiento de la realidad de cada persona es una garantía de equidad y justicia social".
MENOS BUROCRACIA Y MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA
El documento incorpora otras medidas destinadas a mejorar la eficiencia del sistema. Entre ellas, la semFYC reclama que los médicos de familia puedan solicitar directamente pruebas diagnósticas actualmente restringidas, como resonancias magnéticas, tomografías computarizadas o electromiogramas, cuando exista indicación clínica.
Asimismo, propone establecer plazos máximos de asistencia para reducir el impacto de las listas de espera sobre la duración de las incapacidades temporales, desarrollar una plataforma informática única que integre a todos los agentes implicados -Sistema Nacional de Salud, INSS, mutuas, inspección, salud laboral y empresas- y revisar el tratamiento legal de las bajas derivadas de procesos atendidos en la sanidad privada, una situación que actualmente genera importantes cargas burocráticas para los centros de salud.
"La incapacidad temporal debe seguir cumpliendo su objetivo esencial: proteger la salud de las personas trabajadoras y facilitar su recuperación. Pero también necesitamos un sistema más coherente, menos burocrático y adaptado a la realidad asistencial del siglo XXI", ha finalizado Cubero.