SAN JUAN, 4 May. (Notimérica) -
Después de que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunciara este miércoles que se acogerá a la protección del Título III de la ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) que implica una declaración de quiebra debido a la multimillonaria deuda que registra la isla, de más de 70.000 millones de dólares, los puertorriqueños ahora se preguntan que sucederá en el país.
La administración de esta enorme deuda ahora pasará a manos de un tribunal federal, que definirá cómo se liquidará su enorme pasivo y cuánto pagará la isla.
Esto, según explican algunas expertos, no sólo va a comprometer mucho la autonomía puertorriqueña para manejar sus recursos, también puede afectar dramáticamente el acceso de la isla a mercados de deuda.
Del mismo modo, los ciudadanos de la isla pagarán las consecuencias de esta nefasta gestión con un posible incremento en las medidas de austeridad que ya lleva adelante la gobernación puertorriqueña.
La isla vive una grave crisis económica, con una tasa de pobreza del 45 por ciento, un desempleo del 12 por ciento, que dobla la media de Estados Unidos, y una población que decrece por la emigración, según informó 'BBC Mundo'.
ORIGEN DE LA DEUDA
Desde 1976, Washington permitía a las filiales de empresas estadounidenses que operaban en la isla a enviar todos sus beneficios a la empresa base en cualquier momento, sin necesidad de pagar ningún impuesto federal sobre los ingresos corporativos.
La recesión puertorriqueña comenzó inmediatamente después de que Estados Unidos levantó las exenciones fiscales dado que las inversiones de las compañías estadounidenses comenzaron a reducirse o a retirarse.
Otro de los condicionantes de esta recesión fue la crisis bancaria e hipotecaria que reveló circuitos de corrupción en el sistema financiero y obligó al cierre de al menos tres bancos. Lo que llevó a Puerto Rico a endeudarse para intentar cubrir el déficit.
¿QUÉ ES EL TÍTULO III?
Dicho Título es un proceso de reestructuración de deuda similar a las normas de protección por bancarrota estadounidense a las que no se puede acoger Puerto Rico por su condición de Estado Libre Asociado.
El expresidente de Estados Unidos Barack Obama, fue el encargado de firmar la Ley Promesa, que establece la creación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un organismo gubernamental de Puerto Rico, destinado a "proveer un método para que se logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital".
¿CÓMO AFECTARÁ A LA POBLACIÓN?
La ley Promesa señala que Puerto Rico podrá "reestructurar sus respectivas deudas en un proceso supervisado por la corte federal bajo ciertos términos y condiciones".
Todo el proceso de reestructuración de la deuda ya supuso una serie de recortes a las pensiones de los jubilados, en el sistema de salud y en el sistema de educación superior.
La Junta justificó los recortes señalando que las "reformas estructurales están dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico".
Sin embargo, la población puertorriqueña deberá esperar a ver como se suceden los acontecimientos y ver si las reformas que comenzarán a azotar al país beneficiarán o perjudicarán a su economía.