SAN JOSÉ, 14 Ago. (Notimérica) -
La fracción del Partido de Liberación Nacional (PLN) costarricense ha denunciado una posible derogación de la ley contra el ingreso de capitales extranjeros en el país centroamericano firmada durante la administración de Laura Chinchilla (2010-2014), cuya eliminación está siendo planeada por el Gobierno de Luis Guillermo Solís.
El presidente Solís considera que la ley es una de las principales cuestiones a tratar para enfrentar la actual crisis de liquidez que vive Costa Rica, cuya escasez de dinero derivaría del exceso de gastos sobre los ingresos y cerraría el año con un déficit de 6,1 por ciento del producto interior bruto (PIB).
Por ello, tras explicar la situación Solís anunciaba el pasado martes que habría propuesto a la Asamblea Legislativa que derogara la Ley para Desincentivar el Ingreso de Capitales Especulativos, promulgada por su antecesora en el cargo, Laura Chinchilla.
Esta norma impide la entrada al país de capitales extranjeros, denominados 'capitales golondrina', los cuales se invierten y salen del sistema financiero a conveniencia, explica el diario digital 'La Nación'. De esta manera, se permitiría aumentar la cantidad de dinero disponible en el mercado financiero local, permitiendo al Ministerio de Hacienda obtener más recursos por la venta de bonos de deuda pública.
"Si logramos derogar esa ley, tendremos más capital, más efectivo, con lo cual los intereses más bien bajarían", explicaba el presidente el miércoles al diario 'La Nación'.
Sin embargo, este mismo medio indica que la ley se habría promulgado para evitar la entrada de dinero de dudosa procedencia, lo que hace que sectores de la oposición se muestren contrarios a su eliminación. Por su parte, el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha asegurado que la ley aleja la atracción de grandes inversores e imposibilita la colocación de eurobonos.
La diputada Karla Prendas, de la fracción liberacionista, alega que la ley únicamente se aplica cuando "se declare un desequilibrio económico nacional, provocando por el ingreso masivo de dinero al país", ha indicado en declaraciones recogidas por el citado medio.
"Esa ley permite que el Ejecutivo pueda incrementar por un máximo de seis meses los impuestos aplicables sobre intereses, rendimientos y ganancias de capital que los bancos paguen a personas físicas o jurídicas extranjeras. El incremento de esos impuestos puede llegar, como máximo, a los 25 puntos porcentuales", explica el comunicado liberacionista.
Además, el texto indica que la limitación puede llevarla a cabo únicamente el Banco Central de Costa Rica por acuerdo de la mayoría de su Junta Directiva.