Por Lawrence Hurley
WASHINGTON, 10 jun, 10 Jun. (Reuters/EP) -
- Los nueve miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos se reunirán el jueves para debatir la apelación presentada por Argentina contra una serie de fallos judiciales que la dejaron al borde de tener que pagar 1.330 millones de dólares a acreedores con bonos en default.
La administración de la presidenta Cristina Fernández ha advertido que, si fracasa la apelación, su país podría caer en una cesación de pagos involuntaria, debido a que corre el riesgo de que se dicten embargos sobre los fondos que el Estado transfiere a Nueva York para honrar su deuda reestructurada.
Argentina ha dicho que no compensará a los fondos de cobertura que la han demandado en cortes de todo el mundo en mejores términos de los que recibió la gran mayoría de sus acreedores, los cuales aceptaron fuertes quitas a cambio de títulos que el país honra regularmente.
No se esperan anuncios de la Corte el jueves. Lo más pronto que podría actuar es el lunes 16 de junio.
El tribunal tiene varias opciones, una de ellas es no tomar ninguna acción inmediata. La Corte suele demorar una semana o más en hacer pública una decisión tras haberla debatido en una reunión privada.
Argentina busca evitar pagar por completo la deuda en default en manos de los acreedores "holdout", liderados por los fondos de inversión Aurelius Capital Management y NML Capital Ltd, una unidad de Management Corp, que pertenece al multimillonario Paul Singer.
El Gobierno argentino está apelando un fallo de agosto del 2013 de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan, en una batalla de más de una década con bonistas que rechazaron aceptar las reestructuraciones de deuda del 2005 y del 2010 ofrecidas por el país luego del cese de pagos por 100.000 millones de dólares en el 2001/2002.
La Corte de Apelaciones mantuvo un fallo de noviembre del 2012 del juez de distrito Thomas Griesa, quien le ordenó a Argentina pagar los 1.330 millones de dólares a un fideicomiso controlado por la corte.
En ese entonces, el magistrado dictamino que Argentina debía pagarle a los bonistas que rechazaron participar de las reestructuraciones como también a aquellos que participaron de ella.
Luego de la reunión del jueves en la Corte Suprema, el paso más probable, de acuerdo a quienes siguen el litigio, es que los jueces le pidan a la administración del presidente Barack Obama que presente un informe con su visión del caso.
Eso podría demorar aún más el trámite de la apelación en la Corte, posiblemente por un año. El gobierno estadounidense ya ha respaldado con anterioridad la posición de Argentina y se espera que lo haga de nuevo.
Otras potenciales opciones incluyen la propuesta de Argentina de que la Corte Suprema le consulte a la Corte de Apelaciones de Nueva York su opinión sobre cómo interpretar la ley del Estado, basándose en el hecho de que los bonos fueron emitidos bajo la ley neoyorquina.
La Corte podría también decidir de inmediato escuchar el caso o rechazar la apelación de Argentina, pero esas opciones son menos probables.
La Corte Suprema tiene otro caso previo relacionado con la presión de los llamados holdouts. Para fines de junio, la Corte emitirá un fallo sobre si los bonistas pueden forzar a bancos en Nueva York con los que Argentina hace negocios a dar información sobre los bienes del país fuera de Estados Unidos con fines de embargo.