LA PAZ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, Luis Arce, ha informado este domingo de que el Gobierno estudiará la próxima semana la petición de los empresarios de modificar el plazo para el pago del doble aguinaldo.
Arce ha revelado que la patronal ha aceptado pagar un segundo aguinaldo a sus trabajadores, pero que ha explicado al Gobierno que la falta de liquidez le impedirá hacerlo el 31 de diciembre, tal y como estaba previsto.
"Lo que nosotros hemos hecho es que esa posición será transmitida a nuestro gabinete económico esta semana para que se pueda debatir y ver si se acepta o no", ha dicho en una entrevista concedida a la prensa estatal, según informa la agencia de noticias oficial ABI.
No obstante, el ministro ha indicado que algunos empresarios, como los del este del país andino, han admitido que poseen los beneficios suficientes para hacer frente a este segundo desembolso a favor de sus empleados.
Hace dos días, su colega de Trabajo, Daniel Santalla, ya apuntó que el Gobierno estaba dispuesto a dialogar con la patronal. "Nosotros queremos conversar con el sector privado, de hecho ya hemos estado hablando, aunque no directamente", dijo.
El conflicto surgió el pasado miércoles, cuando el presidente boliviano, Evo Morales, anunció que mientras la economía siga creciendo por encima del 4,5 por ciento deberá pagarse otro aguinaldo, además del que ya reciben, a los trabajadores públicos y privados.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, criticó la medida gubernamental, argumentando que no tienen recursos suficientes para pagar otro aguinaldo a sus trabajadores.
En un paso más, el presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI) de Bolivia, Mario Yaffar, pidió al Ejecutivo Morales que anulara este doble aguinaldo, en una entrevista concedida al programa de televisión 'No Mentirás'.
Arce desmontó el argumento de la patronal revelando que en lo que va de año el sector privado ha pagado 7.194 millones de bolivianos por el impuesto sobre los beneficios, mientras que en 2012 abonaron 6.461. "Por tanto, no existe ningún impedimento, excepto el de no dar por voluntad propia estos beneficios", consideró.
Por su parte, el vicepresidente, Álvaro García Linera, aclaró que se trata de una "decisión tomada". "Hay que socializar la riqueza, no concentrarla. Al empresariado le está yendo bien, por lo que tenemos la autoridad moral para pedirle que se pongan la mano al pecho y distribuyan", sentenció.