* Avanza en Senado reforma energética clave para el Gobierno
* Proyecto debe ser aprobado también por los diputados
(Agrega detalles y cambia redacción)
Por Miguel Gutierrez y Alexandra Alper
MEXICO DF, 10 dic, 10 Dic. (Reuters/EP) -
- El pleno del Senado de México se alistaba el martes para comenzar las discusiones de una controversial reforma energética clave para el Gobierno, que plantea permitir la inversión privada en la industria de hidrocarburos a través de contratos potencialmente lucrativos.
Tres comisiones del Senado de México concluyeron en la madrugada del martes las votaciones de la reforma, que también debe recibir el visto bueno de los diputados y de la mayoría de los congresos estatales antes de que sea promulgada por el presidente.
La reforma establece varias modalidades de contratos para atraer a inversores privados que incluyen los actuales de servicios, los de ganancias y de producción compartida y también licencias.
El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien espera que el proyecto quede aprobado este mes, considera que la reforma es clave para apuntalar la estancada producción de hidrocarburos y dar un nuevo impulso a la segunda mayor economía de América Latina, décima productora mundial de crudo.
El jefe de los senadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Preciado, dijo que los legisladores tienen planeado comenzar este martes las deliberaciones del proyecto energético en el pleno de la Cámara Alta.
Agregó que también se podría dar la aprobación definitiva a una reforma política que incluye la reelección legislativa y que el PAN, principal fuerza opositora en el Congreso, puso como condición previa para discutir el proyecto energético.
La iniciativa de reforma energética, negociada por legisladores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del PAN, fue aprobada en lo general en las comisiones el lunes.
IZQUIERDA RECHAZA TODA LA REFORMA
El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) reiteradamente ha criticado la iniciativa, a la que considera una privatización del estratégico sector energético, que ha estado reservado al Estado desde la nacionalización de 1938.
Los legisladores del PRD y otras fuerzas de izquierda anticiparon que votarán el martes en contra de toda la reforma y pedirán debatir a detalle todo el articulado, por lo que se espera una sesión maratónica que podría terminar el miércoles.
Mientras tanto, manifestantes de la izquierdista agrupación política MORENA -fundada por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador- seguían protestando contra la reforma apostados en las diferentes puertas de la sede legislativa, localizada en el cruce de dos transitadas avenidas capitalinas.
México lucha desesperadamente por levantar una producción de crudo que se ha estabilizado en alrededor de 2.5 millones de barriles por día (bpd) frente al máximo de 3.4 millones de bpd alcanzado en el 2004, desde donde empezó a declinar.
El proyecto dice que las empresas privadas que participen no podrán registrar como suyas las reservas de petróleo y gas. Pero podrán hacerlo para efectos contables y financieros siempre y cuando se afirme que los hidrocarburos son propiedad de la nación.
Por otra parte, propone que el Estado pague en efectivo para contratos de servicio; un porcentaje de la utilidad para los de utilidad compartida; un porcentaje de la producción obtenida para los de producción compartida; así como la transmisión de hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo para las licencias.
La iniciativa, pulida por el PRI y el PAN, es más ambiciosa que la que planteó originalmente el presidente, que sólo consideraba contratos de utilidad compartida, lo que según expertos no era suficientemente atractivo para las firmas privadas extranjeras.
El proyecto también propone la creación del llamado Fondo Mexicano del Petróleo para manejar la renta petrolera, que sería un fideicomiso en el banco central (Banxico) y elimina la política de subsidios generalizados a energéticos para sustituirlos por subsidios puntuales.
Respecto al sector eléctrico, el dictamen plantea que en la transmisión y distribución de energía no se otorguen concesiones, pero que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en las demás actividades de esa industria.