BUENOS AIRES, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández, ha anunciado la puesta en marcha de una amnistía fiscal para conseguir inversiones extranjeras y conseguir la entrada de un mayor flujo de dólares estadounidenses para conseguir rebajar el precio de esta divisa en el mercado negro.
El martes, el cambio del conocido como dólar 'blue' --como se denomina a la divisa norteamericana en el mercado negro en Argentina-- superó los 10 pesos, a pesar de que el Ejecutivo mantiene el tipo oficial a los 5,20 dólares, lo que supone un 93 por ciento más que el oficial.
Las autoridades argentinas pretenden que la nueva ley de amnistía fiscal pueda ser aprobada a finales de mayo o principios de junio y consistirá en la compra de bonos --Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Certificado de Depósito para Inversión Inmobiliaria (CEDIN)-- sin tener que declarar la procedencia de los dólares con los que se compran.
Según los medios argentinos, el proyecto de ley impide que cualquier funcionario del Estado, regional o municipal o cualquier imputado por delito fiscal pueda recurrir a este "blanqueo de dinero", como ya lo han bautizado diarios como 'Clarín' o 'La Nación'.
Los BAADE se emitirán hasta 2016 con unos intereses del 4 por ciento a pagar semestralmente y se dedicarán a las inversiones en hidrocarburos, en un momento en el que las autoridades buscan impulsar la producción de la petrolera estatal YPF tras su nacionalización en abril de 2012.
El CEDIN no aportará intereses, pero pretende funcionar como un mecanismo de compra de viviendas evitando que los particulares tengan que pagar un porcentaje por los dólares que los compradores mantenían sin declarar a Hacienda.
Para retirar el dinero depositado por el comprador, el vendedor deberá presentar una escritura de la propiedad. Con este mecanismo, el Ejecutivo pretende reactivar la compra-venta de viviendas, que según el Colegio de Escribanos de Buenos Aires, cayeron un 27 por ciento en 2012.
A pesar de que ambos mecanismos están controlados por el Banco Central, no se aplicará ningún recargo en Hacienda ni se tendrá que justificar la procedencia del dinero invertido en ambos bonos, aunque el Gobierno ha querido precisar que no se aceptará el dinero procedente de actividades ilícitas, como el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, no ha precisado cómo se controlará.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ha indicado que el Ejecutivo pretende promover las inversiones en "sectores estratégicos". Según la presidenta del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, se trata de utilizar "recursos ociosos" para "retomar el dinamismo del sector de la construcción".
El Gobierno ya realizó una amnistía fiscal en 2009, cuando consiguió aflorar 4.000 millones de dólares, aunque el Gobierno ha avanzado que esta vez esperan sacar a la luz 3.200 millones de dólares de los 40.000 que calculan que están sin declarar en el país, más otros 120.000 millones de dólares en el exterior de particulares y empresas argentinas.