GINEBRA, 13 Jun. (Reuters/EP) -
Argentina pedirá explicaciones a España ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) acerca de la orden de asignación de cuotas al biodiésel de producción española y comunitaria, que dañara las exportaciones argentinas de este producto y que tendrá un coste de 1.000 millones de dólares (800 millones de euros) para el país sudamericano.
Una fuente de las autoridades de comercio argentinas explicó que el país tiene previsto expresar su queja en una reunión en el seno de la OMC el próximo 22 de junio y que la orden del biodiésel no hará sino empeorar las relaciones comerciales entre Argentina y la Unión Europea, que ya planteó el mes pasado una reclamación por las restricciones impuestas por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión del Ejecutivo español de publicar la orden ministerial de protección del biodiésel se produjo en respuesta a la expropiación a Repsol por parte del Estado argentino de un 51% de YPF.
La UE y Argentina tienen previsto celebrar una primera ronda de conversaciones entre el 12 y el 13 de julio para intentar resolver sus diferencias. En caso de que sus resultados no sean positivos, la UE podría pedir a la OMC que abra un panel para evaluar la conducta de Argentina.
Estados Unidos y Japón, que figuran entre los países que han solicitado ejercer de observadores en la disputa, también están descontentos con las restricciones a la importación impuestas por Argentina y darán cuenta de su insatisfacción en la reunión del 22 de junio.
Mientras, Argentina se escudará en las restricciones españolas al biodiésel para defender su posición. Este producto equivale a casi el 30% de todas las exportaciones argentinas a España.
La fuente explicó que Argentina ya está hablando con Indonesia y otros países de la OMC contrarios a la orden ministerial del biodiésel, si bien aún es pronto para determinar si esta restricción podrá derivar en un litigio.
La UE, que aún no ha dado a conocer su postura en la OMC acerca de la orden del biodiésel, actúa como una misma voz en la organización supranacional y representa los intereses españoles en los conflictos que puedan generarse.