MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) ha impuesto un plazo mínimo de posesión de cinco días hábiles, contados a partir de su acreditación en el Agente Depositario Central de Valores Negociables, a los bonos o valores negociables que sean adquiridos en pesos para su posterior liquidación en moneda extranjera o para efectuar transferencias a entidades depositarias del exterior, según informó en un comunicado.
Esta normativa se instaura para hacer frente a la operación 'Dólar Bolsa' o el dólar Medio Electrónico de Pago (MEP), que consiste en la compra de un bono en pesos para inmediatamente después venderlo en dólares. Esta práctica genera una brecha cambiaria con respecto al dólar oficial que llegó a situarse cerca del 80% en las últimas semanas. Con el plazo establecido, los compradores deberán asumir las fluctuaciones de valor de dichos bonos durante cinco días.
De acuerdo con la resolución general publicada en el Boletín Oficial de Argentina, el plazo mínimo señalado no resultará aplicable en el caso de que los bonos sean comprados en moneda extranjera. Tampoco se aplicará el plazo en la compra de bonos en jurisdicción extranjera para su posterior venta en, también, moneda extranjera.
La medida se fundamenta en la necesidad de "favorecer especialmente los mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo", así como el apoyo a la integridad y la transparencia de los mercados de capitales y a la inclusión financiera.
Por otro lado, la entidad señala que en el ámbito de su competencia y en cumplimiento de lo requerido por el Banco Central de la República Argentina, en cuanto a la adopción de medidas para evitar prácticas y operaciones evasivas, se han verificado operaciones instrumentadas a través de la compraventa de valores negociables (bonos) que tienen por objetivo "eludir las restricciones al acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera".
Por último, la CNV apunta que los efectos de la pandemia de Covid-19 y su impacto sobre el terreno económico "profundiza la necesidad de adoptar decisiones extraordinarias tendientes a asegurar el normal funcionamiento de la economía, sostener el nivel de actividad y empleo y proteger a los consumidores".