NUEVA YORK, 4 Oct. (Reuters/EP) -
Un juez estadounidense señaló este jueves que el plan del Gobierno argentino de realizar un canje voluntario de bonos para cambiar su jurisdicción de Nueva York a Buenos Aires violaría una resolución, que prohíbe al país tomar decisiones para evitar pagar 1.330 millones de dólares a tenedores de títulos impagos.
La orden del juez de distrito Thomas Griesa de Nueva York es una respuesta a la propuesta hecha en agosto por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, para permitir al Gobierno mantener pagos a acreedores que participaron en dos reestructuraciones tras una cesación de pagos por 100.000 millones de dólares del país en 2002.
Buenos Aires propuso permitir un canje voluntario de deuda extranjera por bonos regidos por sus leyes, luego de que una corte de apelaciones en Estados Unidos ratificó una decisión de Griesa que exige que el país pague 1.330 millones de dólares a los acreedores no reestructurados.
La decisión indica que "para evitar cualquier duda" la implementación del plan de Fernández o cualquiera similar violaría una resolución de Griesa de marzo del 2012.
La orden firmada por Griesa fue propuesta por tenedores de bonos impagos liderados por el fondo NML Capital, una unidad de Elliott Management Corp., del magnate Paul Singer, que han estado litigando contra Argentina para que el país pague por la deuda incumplida.
"Los demandantes están sin duda en su derecho de buscar un remedio a su nuevo problema", dijo Griesa en una orden separada.
La decisión enturbia aún más un caso que en última instancia podría llegar a la Suprema Corte de Estados Unidos y que ha creado preocupaciones sobre una potencial nueva cesación de pagos de la tercera mayor economía de América del Sur.
Durante dos reestructuraciones en 2005 y 2010, los titulares de alrededor de un 93 por ciento de la deuda de Argentina acordaron intercambiar sus bonos impagos con fuertes quitas.
Pero los tenedores de bonos incumplidos liderados por NML y Aurelio Capital Management acudieron a los tribunales, solicitando el pago en su totalidad.
En agosto, la corte de apelaciones del segundo circuito confirmó una decisión de Griesa que requirió que Argentina deposite 1.330 millones de dólares en una cuenta en garantía para pagar a los acreedores rebeldes.
Las decisiones siguen a una apelación anterior, en la que la corte de segundo circuito confirmó en octubre de 2012 en gran parte un fallo de Griesa que indicaba que los tenedores de bonos que no participaron en las reestructuraciones merecían igualdad de tratamiento a la hora de pagar.
Como parte de su esfuerzo para hacer cumplir esta sentencia inicial, Griesa en marzo de 2012 ordenó que el país no tome ninguna acción para evadir sus órdenes.
El juez también ordenó que cualquier plan que Argentina implemente debe informarlo a los llamados "holdouts" dentro de un plazo de cinco días, junto a comunicaciones a los distintos participantes en el proceso de pago a los acreedores que concurrieron a las dos reestructuraciones.