SANTIAGO, 16 mar, 16 Mar. (Reuters/EP) -
- El Gobierno chileno envío el lunes al Congreso un proyecto de ley para fortalecer la libre competencia, que establece penas de hasta diez años de cárcel para la colusión y mejoras a la reglamentación de los procesos de fusión de empresas en el país.
La mandataria socialista Michelle Bachelet explicó que el proyecto crea una institucionalidad más transparente, con mecanismos de control de fusiones y sanciones eficaces contra la colusión, para evitar así posiciones ventajosas en contra de competidores de menor tamaño y de los propios consumidores.
"Este proyecto nos permitirá sin duda entregar certidumbre a las propias empresas, tanto a quienes participan de estas operaciones como a sus competidores y permite también proteger de mejor manera a los consumidores, que son los que pagan el mayor costo cuando se afecta la libre competencia", dijo Bachelet.
El anuncio del envío del proyecto ocurre en medio de un juicio contra ejecutivos de las mayores cadenas farmacéuticas por colusión de precios y tras una serie de escándalos de corrupción de empresarios y tráfico de influencias, incluido un hijo de Bachelet, que han socavado la confianza de la ciudadanía.
Bachelet explicó que esta iniciativa propone medidas en tres áreas al endurecer las sanciones en casos de colusión con penas de cárcel de cinco a diez años, mejora el control de fusiones para evitar que atenten contra la libre competencia y entrega más capacidades a la Fiscalía Nacional Económica.
La mandataria, que enfrenta su menor nivel de popularidad desde que asumió el poder hace un año, dijo que en los casos de colusión el proyecto busca entregar la señal de que ya no será conveniente pagar el máximo de sanciones económicas fijadas para el delito.
"Así, ya no tendremos el tope actual de 25 millones de dólares, sino una sanción que sea de hasta el doble del beneficio económico obtenido con la infracción o bien tenga como máximo el 30 por ciento de las ventas obtenidas durante el período que duró la conducta anticompetitiva", dijo Bachelet.
En el caso de las fusiones, Bachelet recalcó que son estrategias legítimas mientras no atenten contra la libre competencia y por ello el proyecto establece un control preventivo y obligatorio de concentraciones de propiedad.