MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
Repsol YPF niega haber mantenido contactos con las autoridades bolivianas y continúa a la espera de conocer en detalle las condiciones concretas de las medidas de nacionalización de hidrocarburos adoptadas por el Gobierno de Evo Morales, explicaron a Europa Press fuentes de la compañía.
Estas declaraciones se producen después de que el ministro de Planificación boliviano, Carlos Villegas, dijera que su Ejecutivo ha recibido cartas de Repsol YPF, la brasileña Petrobras y otras compañías en las que se aceptan los términos del decreto de nacionalización.
"No se ha producido ningún contacto oficial ni oficioso" con las autoridades del país suramericano, explicaron las fuentes a este respecto. En todo caso, tras la adopción de la medida, el Gobierno boliviano anunció la apertura de un plazo de 180 días para la renegociación de los contratos con las petroleras.
"Habría que preguntarles a ellos", señalaron las fuentes en alusión al alcance de las palabras del ministro boliviano. Por lo pronto, la petrolera se mantiene a la espera de recibir más información y no se pronunciará hasta que no cuente con todos los detalles.
De hecho, los servicios jurídicos de Repsol YPF están analizando pormenorizadamente los términos del decreto 28.701, promulgado el lunes, y estudian con detalles sus implicaciones para la seguridad jurídica, las garantías de inversión y la continuidad de las actividades en el país suramericano.
El día después de conocerse el decreto, la compañía dijo que "arbitrará todas las acciones a su alcance para proteger los activos y preservar los empleos" en el país. Junto a esto, calificó de "inquietante" el contenido de la medida, aunque se reservó una "valoración definitiva" sobre el mismo, a la espera de conocer su alcance y consecuencias.
El Gobierno español ha constituido una delegación técnico-política dirigida por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, Bernardino León, que viajará a Bolivia y a Brasil para tratar la nacionalización de los hidrocarburos del país andino.
Por su parte, el Gobierno de Morales dijo ayer que "no tiene miedo" ante eventuales demandas en los tribunales internacionales que puedan emprender las empresas petroleras extranjeras afectadas por el decreto.
"No pensamos expulsar a las empresas, ellos van a continuar operando, con su personal y con nuestro personal, no hay ningún problema", explicó ayer el el presidente de la petrolera estatal boliviana YPFB, Jorge Alvarado.