BRASILIA/SAO PAULO, 9 oct, 9 Oct. (Reuters/EP) -
- El Gobierno federal de Brasil proporcionará alivio a estados y municipios que luchan con deudas elevadas, lo que deja a gobernadores e intendentes más margen para gastos a un año de las elecciones.
El ministro de Hacienda llegó a un acuerdo el martes que cambiará el índice usado para calcular los intereses que los gobiernos regionales pagan en sus obligaciones con el Gobierno federal, y que el cambio sea retroactivo hasta 1997.
Los nuevos términos implican el reemplazo de un índice de precios mayoristas y al consumidor llamado IGP-DI por el índice al consumidor referencial IPCA.
La decisión no tendría un impacto sobre el balance del Gobierno federal, dijo Dyogo Oliveira, vicesecretario ejecutivo interino del ministerio.
Los legisladores de la cámara baja aprobarían la propuesta de ley que adopta los cambios el miércoles. El Senado también debe votar sobre la propuesta.
"La situación fiscal de estados y municipalidades es bastante estrecha y la solución que se está proponiendo es una cuestión de justicia fiscal", dijo Oliveira a periodistas en Brasilia.
"No es justo que el Gobierno federal tenga réditos por las disposiciones actuales a expensas de estados y municipalidades", dijo el funcionario.
La iniciativa beneficiará especialmente a la ciudad de São Paulo, la más grande y poblada de Brasil y en la que el oficialista Partido de los Trabajadores ganó las elecciones del año pasado, dijeron analistas.
Según Valor Econômico, la ciudad de São Paulo verá un recorte de su deuda con el Gobierno federal en un 44 por ciento a más o menos 30.000 millones de reales (14.000 millones de dólares), que deja al intendente Fernando Haddad con 5.000 millones de reales más para financiar nuevas inversiones.
Los brasileños elegirán un nuevo presidente, gobernadores de los estados, legisladores en la cámara baja y una parte del Senado en octubre de 2014.
La presidente Dilma Rousseff, que ha ampliado los gastos del Gobierno en forma dramática desde que ocupó el cargo a comienzos de 2011, se presentaría para un segundo mandato de cuatro años.
Actualmente, los estados y los municipios no pueden vender títulos de deuda legalmente debido a restricciones impuestas por el Gobierno.
La decisión del martes significó que algunas de las restricciones, que forman parte de la Ley de Responsabilidad Fiscal promulgada en 2000, están comenzando a suavizase mientras Rousseff busca estimular la inversión en todo el país.