CIUDAD DE PANAMÁ, 11 Ago. (Reuters/EP) -
La Administración del Canal de Panamá (ACP) ha instado este lunes a sindicatos y empresas del consorcio que construye el tercer juego de esclusas de la vía interoceánica a alcanzar un acuerdo "inmediato" para evitar una huelga que paralice de nuevo las obras.
Los trabajadores amenazaron al Grupo Unidos por el Canal (GUPC), integrado por la española Sacyr, la italiana Salini Impregilo y la belga Jan de Nul, con detener sus actividades el miércoles de manera indefinida si no se efectúan las alzas salariales estipuladas en el convenio colectivo.
"El país ya no aguanta una huelga más en el proyecto de ampliación del Canal", ha dicho Jorge Quijano, presidente de la entidad que administra el Canal, en una rueda de prensa.
El consorcio GUPC dijo la semana pasada que el aumento de sueldos del 8,9 por ciento a partir de julio que reclama el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) no forma parte del contrato firmado en 2014 y criticó la actitud "intransigente y negativa" de la ACP.
Quijano, quien aseguró que el ente no tiene poder en la actual disputa laboral, ha advertido de que el paro podría demorar la apertura comercial del tercer juego de esclusas, prevista para abril de 2016, y generar pérdidas multimillonarias a Panamá.
"El momento va más allá de lo personal por parte de ambas partes (...) necesitamos que esta situación se resuelva de inmediato para asegurarnos de que este proyecto, que tiene potencial de dar un impacto positivo a la economía de nuestro país, no se vea interrumpido por un huelga más", ha apostillado.
Una huelga de los trabajadores de la construcción en Panamá el año pasado detuvo durante dos semanas el avance de las obras, demorando la fecha de finalización prevista entonces para diciembre de 2015 y generando una pérdida de ingresos de un millón de dólares por cada día de retraso, según la ACP.
En enero de 2014, la ACP y el GUPC protagonizaron una disputa sobre quién asumiría los sobrecostos de 1.600 millones de dólares respecto del proyecto original de 5.250 millones de dólares que acabó en los tribunales.