LIMA (Reuters/EP) - Doe Run Perú, un importante exportador de metales del país, dijo el miércoles que pidió realizar una reestructuración para evitar que algunos proveedores "impidan una solución" para el reinicio de sus operaciones, con pedidos de embargos o retención de cuentas.
Doe Run Perú, del estadounidense Grupo Renco y que opera la mayor fundición y refinería de minerales del país, declaró el lunes que inició un "proceso concursal" ante el Indecopi, el organismo encargado de resolver los procesos de insolvencias de empresas.
Durante ese "proceso concursal", los acreedores se reunirán para decidir si se reestructura o se liquida el patrimonio de la empresa, ubicada en una zona andina del centro del país.
La compañía había paralizado su producción a inicios de junio luego de que los bancos le cortaron un crédito vital para sus operaciones, en momentos en que la crisis financiera mundial hundió los precios de los metales.
"El único objetivo de la empresa al solicitar ante Indecopi el inicio de dicho procedimiento ha sido el de evitar que algunos proveedores de concentrados impidan una solución integral y definitiva para el reinicio de operaciones (...) al intentar medidas cautelares de embargo o retención de cuentas", dijo la firma en un comunicado.
"Doe Run Perú es una empresa viable, no es insolvente ni está en quiebra", agregó.
La empresa aclaró que inició el proceso concursal después de que la minera Buenaventura -que figura entre sus acreedoras- presentó una acción de amparo ante los tribunales para recuperar los créditos que tiene pendientes con Doe Run Perú, informó el diario financiero local Gestión.
El Ministerio de Energía y Minas y Doe Run Perú llevan meses negociando infructuosamente para acordar un plan de rescate, porque la empresa presentó en varias ocasiones uno catalogado como "poco serio" por las autoridades.
La firma pidió una ampliación de 30 meses del plazo de un plan ambiental (PAMA) -que vence en octubre- y planteó a fines de junio una inyección de 31 millones de dólares de capital fresco por parte del accionista mayoritario.
Pero el Gobierno ha afirmado que le podría dar una razonable extensión del PAMA si la empresa inyecta por lo menos 100 millones de dólares de capital fresco, entrega el 100 por ciento de sus acciones al Estado como garantía y llega a un acuerdo con los acreedores.
Doe Run debe 110 millones de dólares a proveedores y tiene inversiones pendientes por 150 millones de dólares para un plan ambiental en la localidad de La Oroya, donde se ubica el complejo, considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo.
Asimismo, los trabajadores de Doe Run dieron una tregua de 20 días al Gobierno y a la empresa, a partir del pasado lunes, para que ambas partes lleguen a un acuerdo antes de iniciar protestas y bloqueos de carreteras en demanda de una solución a la crisis de la compañía.