QUITO, 4 May. (Reuters/Notimérica) -
La Asamblea Nacional de Ecuador dejó sin efecto el miércoles una docena de tratados por los cuales se protege la inversión de firmas extranjeras en el país, incluyendo uno con Estados Unidos, argumentando que su contenido contradice la Constitución vigente.
A pesar de esto, la Asamblea aseguró que buscará una renegociación con mejores condiciones para el país.
Los acuerdos forman parte de los 27 Tratados para la Promoción y Protección de Inversiones (TBI) que la nación sudamericana mantenía vigentes, pero que ha ido dejando sin efecto por la vía diplomática y a través de resoluciones del Poder Legislativo.
Además del tratado con Estados Unidos, los asambleístas abolieron otros suscritos con China, Chile, Venezuela, Holanda, Suiza, Canadá, Argentina, España, Perú, Bolivia e Italia, que antes habían sido declarados como inconstitucionales por la máxima corte del país.
"Los TBI contradicen el artículo 422 de la Constitución, que se refiere a la prohibición de celebrar tratados en los que Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional", dijo en un comunicado la asambleísta María Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del cuerpo.
En 2010, la Asamblea dejó sin efecto seis tratados bajo el mismo argumento. Otros nueve TBI fueron abandonados por la vía diplomática en base a la Constitución de 1998. Las autoridades también han señalado que estos acuerdos no garantizan la llegada de inversión extranjera.
Ecuador ha enfrentado 26 arbitrajes internacionales por unos 12.000 millones de dólares, y en el último año ha tenido que cancelar más de 1.800 millones de dólares tras enfrentar sentencias adversas, la mayoría de ellas en el sector petrolero, según datos de la Asamblea Nacional.
En este contexto, la asambleísta Calle aseguró que las autoridades buscarán una renegociación de los tratados, sin dar mayores detalles sobre el nuevo proceso que deberá liderar el presidente electo, Lenín Moreno, quien asumirá el poder el próximo 24 de mayo. El mandatario tendrá que ratificar la resolución de la Asamblea Nacional.