Por Anthony Boadle y Brian Winter
BRASILIA/SAO PAULO, 5 mar, 5 Mar. (Reuters/EP) -
- Un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras ha entrado en una nueva fase muy volátil que podría llevar a la cárcel a algunos de los políticos y empresarios más conocidos de Brasil, al mismo tiempo que agrava una probable recesión.
Una moción del fiscal del martes de abrir una investigación a 54 personas, que según reportes incluye a los líderes de ambas cámaras del Congreso, significa una amenaza para una parte de la elite política de Brasil.
Las consecuencias quedaron en evidencia inmediatamente, luego de que el jefe del Senado arremetió con la cancelación de un decreto presidencial clave para los planes de la mandataria Dilma Rousseff para cerrar los desequilibrios en sus presupuestos.
Los mercados financieros se hundieron y el real perdió el nivel de 3 unidades por dólar por primera vez en una década, porque los inversores temen que la volatilidad política pueda provocar que Brasil pierda la calificación de grado de inversión y perjudique a una economía que se espera que este año sufra su mayor contracción en un cuarto de siglo.
La amenaza más grave a la estabilidad de Brasil no proviene de los políticos, sino de la gente que ya está en la cárcel por el caso.
Una decena de ejecutivos de algunas de las mayores empresas de ingeniería y construcción del país están en "detención preventiva" desde fines del año pasado.
Sus empresas, que los fiscales sospechan que contribuyeron a que ejecutivos de Petrobras y políticos corruptos se apropiaran de miles de millones de dólares, han visto como sus ingresos han caído como resultado directo del escándalo.
Los ejecutivos creen que, debido a toda la inquietud en Brasilia esta semana, los políticos probablemente se librarán fácilmente en comparación, dijo a Reuters una fuente política que ha tenido contacto con algunos de los directivos de las empresas.
No se habían presentado cargos hasta el martes, pese a las expectativas que existían hace pocas semanas.
Según la ley brasileña, a los políticos importantes solo los puede juzgar la Corte Suprema, un proceso que la mayoría de los expertos cree que puede tomar de cinco a siete años, y más, antes de que alguien vaya a la cárcel.
La fuente dijo que los ejecutivos se sienten "abandonados" y más inclinados a negociar acuerdos que podrían significar menos presidio a cambio de contar lo que saben sobre la trama de sobornos en la petrolera estatal Petrobras.
Dos ejecutivos de Camargo Correa, una de las empresas investigadas, ya cerraron un trato la semana pasada, lo que puede llevar a más evidencias y acusaciones en el caso.
Los ejecutivos "creen que los están convirtiendo en chivos expiatorios", dijo la fuente. "No quieren aceptarlo", agregó.