Por Fabián Andrés Cambero
SANTIAGO, 28 mayo, 28 May. (Reuters/EP) -
- El pacto entre la canadiense Barrick Gold y un pueblo indígena chileno para destrabar un multimillonario proyecto sienta un precedente que cambiaría la forma en que las mineras encaran sus actividades en el país, dijo el abogado de las comunidades.
El acuerdo en torno al polémico proyecto Pascua-Lama podría derivar incluso en un nuevo modelo de regalías, explicó a Reuters Lorenzo Soto, el abogado que había logrado paralizar en nombre de comunidades indígenas diaguitas la enorme iniciativa para explotar oro y cobre.
"Es el puntapié inicial de un proceso en que los pueblos indígenas incidirán en el destino de proyectos mineros o en su materialización", afirmó Soto en una entrevista con Reuters.
"Con esto cambia radicalmente y comienza una nueva fase en la forma de hacer minería de gran escala en un país como Chile", agregó el abogado, conocido por sus juicios contra otros importantes proyectos mineros en el mayor productor mundial de cobre.
El proyecto de explotación de mineral de la canadiense Barrick se encuentra enclavado en la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina. Del lado chileno, ocupa territorios sobre los que las comunidades indígenas reclaman derechos ancestrales.
Los pueblos indígenas además acusan a la minera de destruir glaciares que son fuentes de agua críticas para su agricultura.
Con el acuerdo preliminar, que se extiende por seis meses, la empresa se compromete a entregar información a las comunidades que podrá ser corroborada con expertos y, de resultar satisfactoria, daría paso a una fase de diálogo.
El proyecto Pascua-Lama fue detenido en Chile por órdenes de la justicia y el regulador medioambiental hasta que no se cumpliera con el requisito de construir un sistema de manejo de aguas contemplado en su permiso inicial.
El nuevo pacto no excluye la posibilidad de acciones legales o administrativas contra Barrick por parte de las comunidades, ni elimina las acciones en curso de terceros.
"Lo que Barrick Gold ha entendido es que el pueblo indígena, que ha puesto de rodillas a la compañía y ha paralizado el proyecto, es con el que primero tiene que resolver sus grandes problemas", dijo el abogado.
No fue posible obtener de inmediato una reacción de Barrick, que ha gastado a la fecha más de 5.000 millones de dólares en la iniciativa.
REGALIA INDIGENA
El acuerdo suscrito incluye la posibilidad de establecer una "regalía indígena" para las comunidades de la zona, con lo que Barrick les entregaría un porcentaje de sus ingresos por ventas.
A juicio de Soto, esto terminaría con el proceso tradicional en que la minería se relacionaba solamente con el Estado, que otorgaba los permisos.
El abogado explicó que aunque la figura de una regalía para las comunidades no existe en la legislación local, no hay impedimento para crearla.
"Es un acuerdo entre privados, un acuerdo entre una compañía minera y comunidades indígenas diaguitas que podrían establecer voluntaria y convencionalmente un royalty` indígena", apuntó.
Actualmente las empresas mineras pagan un porcentaje de regalías al Estado por la explotación de los recursos. Sin embargo, las comunidades afectadas directamente por los proyectos se quejan de que los beneficios generados por las regalías no llegan a ellos.
Durante el proceso de entendimiento entre Barrick y las comunidades, la empresa no avanzaría en la construcción de la mina, aunque culmine con las obras de manejo de aguas pendientes.
"La ejecución del proyecto es incompatible con el análisis previo de todas las materias y consideraciones que hemos señalado, por lo tanto el proyecto tendría que seguir detenido", dijo.