MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha aprobado, en un real decreto-ley, un paquete de medidas que empoderan las labores de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de gestión del sistema eléctrico de Red Eléctrica de España (REE), potenciando así el control del cumplimiento de las obligaciones de los distintos agentes, la inclusión de nuevas herramientas para reforzar el sistema, además de medidas para impulsar la electrificación, el almacenamiento y la flexibilidad.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen destacó que con este real decreto ley el Gobierno cumple con el compromiso que adquirió el pasado 28 de abril de identificar las causas de ese cero eléctrico, pero además de "identificar las medidas que fueran necesarias para que no vuelva a ocurrir".
Asimismo, subrayó que se anticipan medidas que fortalecen la resiliencia del sistema eléctrico. "El objetivo además adquiere especial relevancia en nuestro contexto, un contexto actual complejo y geopolíticamente muy complicado", afirmó, destacando que un sistema "más robusto y más solvente" se traducirá en beneficios "como son facturas más estables, más previsibles para consumidores, para ciudadanos, para autónomos, para pymes y para la industria".
En concreto, este Real Decreto-Ley, en línea con el informe que fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y presentado en el Consejo de Ministros hace una semana, se vertebra a través de un paquete de actuaciones y medidas divididas en tres grandes bloques: refuerzo de supervisión, las capacidades de control de tensión y de amortiguamiento de las oscilaciones, almacenamiento y flexibilidad y electrificación.
Se potencia la función de supervisión del sector eléctrico de la CNMC, que evaluará periódicamente las obligaciones de control de tensión de los sujetos obligados a prestar el servicio.
A este respecto, el 'superregulador' tendrá seis meses para evaluar las obligaciones de control de tensión de los agentes del sistema eléctrico obligados a prestar el servicio, y elaborar el informe correspondiente, que actualizará cada tres meses.
También completará un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición, con mayor atención a las instalaciones con arranque autónomo y las redes de distribución, que se repetirá cada tres años.
Mientras, Red Eléctrica de España evaluará la necesidad de implementar sistemas para controlar la tensión y otros elementos, como las oscilaciones de potencia, y se revisará la normativa de acuerdo con sus conclusiones.
Se encargará al operador del sistema que elabore propuestas de modificaciones normativas sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones, sobre la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos técnicos que contribuyen a fortalecer la seguridad del sistema.
También se le encomienda el desarrollo de un nuevo procedimiento de operación para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y de la red de distribución y una propuesta de requisitos mínimos de monitorización para análisis de incidentes.
Estas propuestas técnicas deberán estar listas en plazos de tres a 15 meses. Las reformas normativas subsiguientes deben estar aprobadas en menos de seis meses. Red Eléctrica así mismo incorporará a sus funciones la de servir como punto de acceso único a los datos de los clientes finales -siempre respetando la confidencialidad de la información personal- para mejorar el funcionamiento de los mercados de electricidad.
Hasta ahora, esta información, procedente de 30 millones de contadores inteligentes, se encuentra repartida por más de 300 compañías distribuidoras.
PLANIFICACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE.
Asimismo, el Gobierno aumentará la resiliencia del sistema con una relación de actuaciones específicas que se incorporarán a la Planificación vigente. De esta manera, cada tres años se revisará la planificación de la red de transporte en vigor, lo que iniciará un nuevo ciclo de planificación sexenal, y se aprobarán modificaciones de aspectos puntuales cada dos años.
De manera excepcional, para anticipar futuras necesidades de regulación de tensión y amortiguamiento de oscilaciones, entre otras variables eléctricas, se modificará con tramitación acelerada la vigente Planificación con horizonte 2026 para incluir compensadores síncronos, reactancias y otros elementos que presten servicios adicionales, lo que, a la par, reducirá el coste de las restricciones técnicas.
5 AÑOS DE PLAZO DE CADUCIDAD DE LOS DERECHOS DE ACCESO.
Para facilitar la conexión a las redes eléctricas de nuevas actividades económicas, industriales principalmente, se revisa la normativa de acceso y conexión de la demanda, fijando en cinco años el plazo de caducidad de los derechos de acceso, lo que posibilitará un mayor aprovechamiento de redes existentes y, actualmente, en desuso.
Igualmente, se acortan los plazos para que las empresas eléctricas atiendan nuevos suministros y se adoptan disposiciones para agilizar la conexión de nuevos accesos para demanda, principalmente industrial. Las facilidades de conexión alcanzan igualmente a las acometidas de los puntos de recarga para vehículos eléctricos, que quedan exentas de autorización, siempre que no sea necesaria una evaluación de impacto ambiental ni una declaración de utilidad pública.
En la línea de medidas de electrificación, al objeto de fomentar el autoconsumo, la distancia máxima entre la generación y el consumo aumenta a cinco kilómetros para instalaciones menores de cinco megavatios (MW), se flexibilizan las tipologías, y se introduce la figura del gestor de autoconsumo, que podrá ejercer de representante de los partícipes, facilitando las gestiones necesarias para su buen funcionamiento.
EXENCIÓN PEAJES DE LOS ELECTROINTENSIVOS.
Por otra parte, para seguir potenciando la demanda y la electrificación industrial, el decreto incorpora la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva con carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero, habida cuenta de la eficacia que ha demostrado desde su establecimiento, hace dos años y medio, con motivo de la guerra de Ucrania.
Mientras, la tramitación de los proyectos de renovables también se modifica, para facilitar su ejecución, evitar costes derivados de la fuerte competencia internacional y optimizar la calidad de las instalaciones. Y se fomenta la renovación de instalaciones de generación -su repotenciación-, reduciendo los plazos administrativos a la mitad, siempre que la potencia resultante sea inferior al 125% de la original.
Igualmente, se favorece la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos y se habilita a los ayuntamientos la aplicación de deducciones del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tal como ya sucede con el autoconsumo.
Como medida adicional para reforzar la resiliencia del sistema, el decreto también da un impulso muy relevante al almacenamiento, tanto mediante la hibridación en instalaciones de generación como con su incorporación al sistema eléctrico en general.
De esta manera, se agiliza la tramitación administrativa de los expedientes, especialmente en el ámbito de proyectos que sean competencia de la Administración General de Estado, con una reducción de los plazos a la mitad.
Finalmente, se modifica la Ley 24/2013 del sector eléctrico para incorporar nuevas herramientas de flexibilidad, entre las que destaca la figura del agregador independiente, que combinará múltiples consumos y la electricidad generada por consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento para su venta o compra en los mercados de electricidad y la prestación de servicios al sistema.