Publicado 17/03/2015 23:03

Gobierno de México espera que se solucione diferendo con periodista despedida


MÉXICO DF, 17 mar, 17 Mar. (Reuters/EP) -

- El Gobierno mexicano dijo el martes que espera que se solucione el diferendo entre la radio MVS y su periodista estrella Carmen Aristegui, despedida meses después de revelar que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto había comprado una millonaria residencia a un contratista del Estado.

El domingo, la empresa MVS Radio dijo que tomó esta decisión porque la periodista adhirió a MVS al proyecto Mexicoleaks -integrado por varios medios cuya finalidad es recibir información sobre supuestos casos de corrupción- sin tener facultades para ello.

En un comunicado la Secretaría de Gobernación calificó al diferendo como "conflicto entre particulares". Políticos de la oposición, colegas y usuarios de redes sociales señalan que el Gobierno podría estar detrás del despido debido a las revelaciones de Aristegui y su equipo de investigaciones.

"Es deseable que este conflicto entre particulares se resuelva, para que la empresa de comunicación y la periodista sigan aportando contenidos de valor a la sociedad mexicana", dijo el comunicado de Gobernación.

"El Gobierno de la República ha respetado y valorado permanentemente el ejercicio crítico y profesional del periodismo, y seguirá haciéndolo con la convicción de que la pluralidad de opiniones es indispensable para el fortalecimiento de la vida democrática del país", agregó.

Días antes del despido de Aristegui, también dos de sus colaboradores fueron cesados. Ambos habrían trabajado en la polémica investigación en torno a la casa de la actriz Angélica Rivera, esposa de Peña.

Rivera compró la denominada "Casa Blanca", valuada en unos 7 millones de dólares, a Grupo Higa, subsidiaria de una empresa integrante de un consorcio que había ganado una millonaria licitación para la construcción de un tren de alta velocidad y que fue cancelada tras la publicación.

El caso dañó la imagen del presidente Peña, quien atravesaba su peor momento tras la supuesta masacre de 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero. El escándalo desatado tras la revelación obligó a Peña a vender los derechos de la propiedad.